El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, afronta la actualidad sobre financiación autonómica, reforma fiscal, los fondos europeos y la problemática de la despoblación.
C-LM está en contra de la propuesta de financiación autonómica por población ajustada. ¿Por qué y qué alternativas demandan?
Castilla-La Mancha no está en contra, pero lo que demandamos es que el modelo de población ajustada refleje el coste real que supone a las CCAA prestar los servicios públicos, al menos, los fundamentales y, en ese sentido, hemos hecho observaciones para cumplir con ese objetivo. En materia de población ajustada, creemos que la superficie, que está considerada una variable correctiva, debe estar incluida en cada uno de los bloques principales de financiación, es decir, en sanidad, en educación, en servicios sociales y en lo que se denomina resto de servicios, porque es una de las variables que más incide en la determinación del coste real de los servicios. Y en materia de despoblación, en la medida en que está muy relacionada con la densidad de población, consideramos que está incluida dentro de la superficie, pero somos de la opinión, en coincidencia con el informe del Ministerio, de que es necesario un fondo adicional al sistema de financiación para corregir el problema o hacer frente al reto demográfico.
"El modelo de población ajustada deber reflejar el coste real de los servicios públicos"
¿Cree justo unificar la financiación autonómica o prefiere un modelo ajustado a las características y necesidades de cada CCAA?
Creo que el sistema debe contar con unas reglas de juego igual para todas las CCAA, por eso nuestro interés en que el cálculo de la población ajustada refleje, de forma fiel, el coste real de prestación de los servicios. Hay que tener en cuenta las características de población y demográficas de cada Comunidad. Por eso hemos hecho observaciones al cálculo de población ajustada que nos ha remitido el Ministerio.
Entonces, ¿Castilla-La Mancha reclama más recursos?
Por supuesto. Castilla-La Mancha se considera insuficientemente financiada, como la mayoría de las CCAA. Por este motivo, lo primero que tiene que garantizar el nuevo modelo de financiación es el principio de suficiencia. Para ello lo primero que hay que negociar es cuánto se queda el Estado, en función de sus competencias, y cuánto le corresponde a las CCAA. Pero en lo único que hay acuerdo entre todas es que las CCAA están infrafinanciadas. Además, vista la experiencia, hay que garantizar la suficiencia dinámica, es decir, cómo van a evolucionar los recursos del sistema a lo largo de su vigencia.
¿Castilla-La Mancha se ve perjudicada por las figuras fiscales de su vecino, la Comunidad de Madrid?
Sí. Nos vemos perjudicados en la medida en que Madrid tiene ventajas derivadas de su estructura de rentas. Hay que valorar el esfuerzo fiscal de todas las CCAA porque no se trata de que nos hagamos competencia las unas a las otras, se trata de que, con ese marco fiscal, si decidimos subir impuestos sea porque pretendemos mejorar los servicios, pero no bajarlos como consecuencia de unas ventajas de las que no disponemos otras CCAA.
De cara a la reforma fiscal, ¿subiría los impuestos teniendo en cuenta la coyuntura económica de recuperación?
No hay por qué subir los tipos impositivos estemos en una situación de bonanza o de crisis. Los tipos impositivos deben ir asociados a una mejora de los servicios públicos porque al ciudadano hay que decirle que si se suben los impuestos es porque se van a ofrecer mejores servicios. Por tanto, nuestra intención y los acuerdos que hemos alcanzado llevamos con los agentes sociales, en ningún caso suponen incrementar la presión fiscal, sino todo lo contrario, suponen congelar esa presión fiscal en Castilla-La Mancha. No solamente estamos congelando el esfuerzo fiscal, sino que lo estamos reduciendo a través de, por un lado, incentivos fiscales en zonas despobladas y, por otro lado, aligerando las cargas fiscales en el IRPF a las personas que consideramos más vulnerables y fomentando el desarrollo de determinadas actividades empresariales.
Sobre los fondos europeos está habiendo crítica porque no llegan a la economía real, ¿cree usted que urge no perder otro año que lastre la recuperación de las CCAA?
Respecto a estos fondos, hay que tener en cuenta que la maquinaria burocrática de la Unión Europea es enorme y que no se puede ir al ritmo que a todos nos gustaría, a pesar de que el Gobierno de España está intentando, en la medida de sus posibilidades, agilizar el proceso para que los fondos lleguen a las comunidades autónomas.
"La máquina burocrática de la UE es enorme, los fondos no van al ritmo que nos gustaría"
¿De qué forma podría atraer la región a trabajadores para hacer frente a, por ejemplo, la despoblación?
Para hacer frente a la despoblación ya aprobamos una ley (Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha) en la que establecemos beneficios fiscales para, por ejemplo, aquellos que fijen su residencia en zonas rurales, y deducciones para la adquisición de la primera vivienda en Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista de la política fiscal, tanto en los ingresos como en el gasto, sí que se pueden hacer cosas para fijar la población en estas zonas despobladas.
"Creemos que es necesario un fondo adicional para hacer frente al reto demográfico"
¿Sería fomentar la competitividad entre regiones?
No se trata tanto de fomentar la competitividad entre regiones, como de incentivar que aquellas zonas que por múltiples motivos han tenido un proceso de migración enorme en los últimos años puedan retornar a esa población a sus lugares de origen, siempre y cuando la calidad de vida que les ofrezcamos sea idéntica a la que tenemos en los territorios más poblados.
Al ser un problema estructural, exige una medida de fuerza mayor, ¿no?
Para ello también está la Estrategia de Reto Demográfico a nivel nacional, en la que se trata de tomar medidas de toda índole, ya sea tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista del gasto, que incentiven a que la población fije su residencia en esas zonas. Para ello tenemos que garantizar también que los servicios públicos fundamentales los prestamos de la misma manera o con la misma calidad en áreas despobladas que en otras más pobladas.
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