Madrid
Unánime. Así ha sido el varapalo que estos días ha empezado a recibir el Ministerio de Hacienda a propósito del informe elaborado por un grupo de trabajo, documento en el que se recoge la propuesta de cálculo de población ajustada, uno de los criterios empleados en la financiación autonómica para el pago del Estado a las administraciones regionales por sus servicios públicos.
Desde la semana pasada, con Valencia, y este lunes con más intensidad, las CCAA se han ido pronunciando, enviando sus alegaciones y poniendo negro sobre blanco con el fin de rebatir el único elemento de análisis hecho hasta ahora por el Ejecutivo, encaminado a una reforma del Sistema de Financiación Autonómica que no acaba por llegar.
Parcialidad, arbitrariedad o insuficiencia han sido algunos los calificativos expresados por estas administraciones. Ayer, fuentes de la Comunidad de Madrid se manifestaban y destacaban que dicho informe no supone ningún avance para la futura reforma, ya que deja aspectos fundamentales como la transparencia, el principio de ordinalidad o la eficiencia de los fondos que componen el sistema.
Reprueban los madrileños la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por considerar arbitrario este criterio al incluir novedades relacionadas con la despoblación y la dispersión poblacional que benefician especialmente a algunas CCAA. Asimismo, Madrid subraya la necesidad de evaluar la eficiencia del gasto y propone incluir en este cálculo aspectos relacionados con el nivel de precios de cada CCAA; por cierto, una demanda también compartida ayer por Baleares.
Con ejemplos prácticos, la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso insiste en que, en materia de Sanidad, debería tenerse en cuenta el gasto producido por pacientes de otras comunidades que son atendidos por Madrid. Además, se queja por sentirse la región más castigada por el reparto actual de población ajustada porque, solo en 2019, la diferencia entre la población real y ajustada, que supera el 3%, les ha supuesto una pérdida de financiación de más de 200.000 habitantes. Además, y por el efecto perjudicial del Fondo de Competitividad, al establecer un tope al índice de capacidad fiscal -la CAM es la primera-, les ha supuesto una pérdida de 6.400 millones desde 2012.
Pero Madrid no es la única comunidad damnificada. En sus alegaciones, Castilla-La Mancha pide que la superficie no sea un mero elemento corrector sino estructural, y al tiempo, reclama un fondo adicional de compensación.
Desde Murcia, también se exige un fondo de nivelación para compensar a las CCAA peor financiadas. Los de esta región han valorado este cálculo de manera parcial e imprecisa. Entretanto, Cantabria demanda que se pondere la orografía y que se mantenga la cláusula de status quo que le beneficia, mientras Valencia dice que este criterio no les resulta del todo satisfactorio.
