Directivos industriales catalanes han coincidido este lunes en reclamar una estructura normativa competitiva en Cataluña y España que no perjudique a sus negocios en la economía global, con especial énfasis en la energía y la fiscalidad.
En un debate organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona, el director general de la papelera Miguel y Costas, Jordi Mercader, ha reclamado a las administraciones "un marco que sea, por lo menos, igual de competitivo que el resto de Europa", y ha ejemplificado que Francia ofrece subvenciones para la transición energética en la industria, lo que se suma a que el país vecino tiene un coste de la electricidad muy inferior al de España, ha recordado Francesc Rubiralta, presidente del grupo siderúrgico Celsa.
Julio Rodríguez, consejero delegado de Cementos Molins, ha abogado por "una política energética europea común para no lastar la competitividad de las empresas con relación a las de otros países y para evitar posibles tensiones intercomunitarias. Hay que trabajar en políticas alineadas en la UE relacionadas con el suministro de energía, la eficiencia energética, renovables, tecnología e innovación".
Por su parte, Javier Pujol, consejero delegado de la ingeniería proveedora del sector de la automoción Ficosa, ha aseverado: "Si queremos una Cataluña moderna tiene que haber una estructura fiscal diferente, porque si no la locomotora económica de España se empobrece".
En este sentido, Jordi Mercader ha lamentado los planes de la Generalitat de aprobar un impuesto de 10 euros por tonelada de CO2 a partir del año 2023, cifra que se triplicaría en los siguientes tres años: "Ya estamos pagando por los derechos de emisión, no podemos generar distorsiones en el mercado catalán con respecto al español y al europeo. Si nuestros vecinos franceses, nuestros competidores, no tienen este impuesto, a nosotros nos van a poner muy difícil seguir invirtiendo en Cataluña. Queremos hacerlo, pero que no nos pongan más dificultades".
Mercader también ha pedido agilidad a las administraciones para no frenar inversiones por la burocracia, así como "compromiso" a los jóvenes para trabajar en aquellas fábricas que están produciendo 24 horas al día, siete días a la semana, y que tienen problemas para encontrar mano de obra dispuesta a trabajar en fin de semana o por la noche.
Los cuatro directivos industriales han coincidido en que la escalada de la inflación va a prolongarse más de lo que se esperaba y que su ritmo de avance hace imposible compensar los costes productivos por la vía de la eficiencia, por lo que una parte del sobrecoste recaerá en los precios que paga el consumidor final.
Asimismo, la industria también afronta el reto de contribuir a pasar de "una economía carbonizada y lineal a una descarbonizada y circular", en palabras de Francesc Rubiralta, para alcanzar los objetivos ambientales de lucha contra el cambio climático.
