Madrid
El Gobierno continúa mostrándose satisfecho ante la gestión hasta ahora desarrollada de las ayudas europeas contra la crisis. Sin embargo, las cifras obligan incluso al propio Ejecutivo a matizar ese optimismo. No en vano sólo el 46% de los 24.198 millones presupuestados en 2021 con cargo a dicha rúbrica se repartieron entre las autonomías. Pero, además, el hecho de que ya haya 11.200 millones en poder de los Gobiernos regionales tampoco implica que los recursos estén a disposición efectiva de sus beneficiarios y los proyectos de inversión se hayan iniciado.
El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, y el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, admiten que el dinero en manos de las autonomías tiene ahora que seguir "otros procedimientos y reglamentos" antes de desembocar en la economía real. "No se trata de que sea necesario afrontar una segunda licitación de inversiones, adicional a la ya llevada a cabo por el Estado", matiza De la Rocha, "sin embargo las cosas tienen que seguir las exigencias de la normativa actual".
Lo único cierto, por tanto, es que el Gobierno sigue sin hacer públicos los datos sobre cuál es el dinero que, más allá de estar nominalmente adjudicado e incluso repartido por territorios, ha alcanzado a sus destinatarios finales.
Tampoco la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, aclaró este extremo en el balance sobre la ejecución real de las ayudas Next Generation que hizo el mes pasado, alegando que se trata de datos "que varían de forma continuada".
El único modo de obtener una cuantificación aproximada de los recursos que ya se encuentran en circulación pasa por recurrir a los cómputos oficiosos, y con un alcance sólo estimativo, que manejan las organizaciones patronales. De acuerdo con estas aproximaciones, la cifra quedaría "en torno a 1.000 millones", una cifra muy inferior a los 11.200 millones que el Gobierno central repartió en 2021 a las autonomías y que en su mayor parte están pendientes de exigencias procedimentales para verse efectivamente liberados.
Escasez de convocatorias
Es más, en el ámbito empresarial se escuchan quejas acerca de "la escasez de convocatorias respaldadas con cargo a los fondos europeos que se están convocando" y la lentitud con la que se están poniendo en circulación los recursos del fondo comunitario contra la crisis del Covid.
Ante esa situación, desde el Ministerio de Economía argumentan que los plazos temporales a los que se han enfrentado han sido muy estrechos, "considerando que el Plan de Recuperación se aprobó el pasado día 13 de julio". "El tiempo efectivo de todo el proceso, por tanto, se ha reducido a seis meses", según puso de manifiesto el secretario de Estado, Gonzalo Díaz.
En cuanto a las cantidades aún pendientes de repartir por territorios, y que aún suman más de la mitad del total presupuestado para 2021, el secretario general Manuel de la Rocha pone de manifiesto que se gestionarán "como un remanente" pendiente para el presente ejercicio. En consecuencia, "se cumplirá en tiempo y forma el calendario" fijado por el Gobierno para la puesta en marcha de los recursos, según aseguró De la Rocha, quien anunció igualmente la próxima publicación de un mapa interactivo por autonomías para seguir el reparto de los recursos.
Sin cambios en los mecanismos de cogobernanza
El mapa que el primer reparto de las ayudas europeas ha bosquejado también es objeto de polémica. La mayor cuantía de recursos que recibirá Andalucía (con casi 2.000 millones), la primera de la clasificación, se antoja justificada considerando el gran tamaño de este territorio y su peso demográfico. Más cuestionable por los expertos, sin embargo, resulta el hecho de que Madrid se sitúe en tercera posición en el ranking, con 1.213 millones, por detrás de Cataluña, autonomía a la que van destinados 1.578 millones. De hecho, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ya ha planteado un recurso que afecta a una partida específica de ese reparto, cuestionando los criterios a los que obedece.
Desde el Gobierno, sin embargo, descartan que esa acción legal vaya a tener un gran recorrido "debido a que todo se ha hecho con total transparencia y se puede demostrar". En paralelo, resaltan, por el contrario, que el acuerdo ha sido la nota dominante en el diseño del reparto de los recursos procedentes de la Unión Europea para combatir la crisis del Covid. Por ello, no habrá cambios en los mecanismos de cogobernanza puestos en marcha hasta el momento.
En concreto, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, y el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y del G-2, Manuel de la Rocha, ponen de manifiesto que se han convocado en los últimos meses cerca de 60 conferencias sectoriales con representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas.
En cada una de ellas, se abordaron criterios de reparto específicos para el sector que se trataba "y todos se aprobaron sin ningún voto en contra", según resaltan los dos técnicos del Ministerio de Economía, salvo "discrepancias de carácter específico de la materia que se trataba", sin relación con cuestiones políticas. Existen también ciertas partidas específicas, de pequeña cuantía, que se trataron fuera de las conferencias sectoriales y es en ellas en las que el PP ha iniciado su ofensiva de recursos judiciales.
