Las empresas de todo el mundo se están quedando sin trabajadores. Mientras la llamada 'Gran Dimisión' está sacudiendo de arriba a abajo los EEUU, numerosos países de todo el mundo se encuentran ante una falta similar de personal (especialmente cualificado). Los gobiernos de todo el mundo ya se han puesto en marcha y, ante la falta de trabajadores en sus fronteras, toca agilizar la llegada de inmigrantes.
La crisis de la ruptura de la cadena de suministro y una recuperación económica a trompicones han disparado la demanda de trabajadores. Además, el hecho de que se hayan cerrado las fronteras por la pandemia ha agravado la situación. El resultado han sido grandes subidas salariales en muchos sectores, pero han resultado ser insuficientes para acabar con el problema.
Esta situación ha derivado en una competición entre los países desarrollados por atraer el talento. En especial, países como Australia, Canadá o Alemania están ofreciendo a los posibles inmigrantes mejores condiciones y aumentando a ritmos acelerados su permisos de residencia. A pesar de esta voluntad de los principales países del mundo por abrir sus puertas, la variante Ómicron está poniendo en riesgo estas iniciativas.
EEUU aún sufre los efectos del 'trumpismo'
En el otro lado del océano Atlántico se produce una paradoja: EEUU necesita a millones de trabajadores extranjeros para cubrir sus necesidades laborales, y hay millones de personas que quieren ir allí a trabajar. Pero cuatro años en los que el Gobierno de Donald Trump se dedicó a cerrar las puertas a cal y canto a todos los extranjeros han dejado muchas secuelas, sociales y administrativas. El muro no se hizo con ladrillos, sino con papeles y formularios.
En la actualidad, hay más de 1,3 millones de solicitudes de contratos de extranjeros pendientes por parte de empresarios estadounidenses, y 1,5 millones de extranjeros han solicitado el permiso de residencia, la 'tarjeta verde' que se entrega cada año a 140.000 afortunados por sorteo. Unos trámites que Trump se encargó de ralentizar al máximo: el porcentaje de extranjeros residentes en el país se redujo en 2020 por primera vez en al menos una década, según los datos del censo. A eso se suman las restricciones al transporte internacional impuestas por el expresidente tras desatarse la pandemia, y que Joe Biden solo levantó parcialmente el pasado mes de octubre.
Una situación muy distinta se vive en Canadá, que quiere recuperar el tiempo perdido en 2020. Este año ha abierto la puerta a 401.000 extranjeros, la cifra más alta de la historia, más del doble que el pandémico año anterior (184.000) y un 17% más que el anterior año normal, 2019, cuando entraron 341.000 trabajadores extranjeros. La cifra no ha dejado de crecer desde que el liberal Justin Trudeau reemplazó al anterior Gobierno conservador de Stephen Harper y va camino de duplicar los 287.000 extranjeros que consiguieron un visado en 2015, el año del inicio de su mandato.
Alemania disparará las visas
Uno de los casos más reseñables es el de la locomotora de Europa, Alemania. Tras el cambio de liderazgo con la salida de Angela Merkel, el nuevo Gobierno social-liberal liderado por Olaf Scholz ya ha propuesto seguir esta dirección y, más concretamente, redactar una nueva ley de ciudadanía múltiple.
Actualmente para ser alemán hay que renunciar a tu anterior ciudadanía, una situación que va a ser corregida por el nuevo Gobierno, que permitirá la doble nacionalidad. Además, la nueva ley facilitará la obtención de la nacionalidad a los nacidos en suelo alemán con padres extranjeros solo con que uno de sus progenitores resida en el país durante un lustro.
Al tiempo que se implementa esta medida, el nuevo Gobierno afirma que se abrirán a aceptar un número ostensiblemente mayor de inmigrantes que los que llegaron años anteriores. De hecho, la Agencia Federal del Trabajo, liderada por Detlef Scheele, ha afirmado que "Alemania se está quedando sin trabajadores" y que, en consecuencia "necesitamos 400.000 inmigrantes por año para satisfacer puestos especializados como enfermería, logística… necesitamos trabajadores cualificados en todas partes". En ese sentido, el socialdemócrata destacaba que "necesitamos inmigración para llenar los huecos del mercado laboral".
Reino Unido busca a premios Nobel... y no los encuentra
La crisis laboral ha pillado al Reino Unido en la peor situación posible, después de haber cerrado sus fronteras a cal y canto a los inmigrantes a principios de año, con su marcha de la UE. Muchos trabajadores europeos que vivían allí se marcharon durante los meses de confinamiento, para pasarlos en su país natal, y ahora no tienen ganas de volver. Aunque los ciudadanos de los Veintisiete que vivían allí antes del Brexit podían pedir el permiso de residencia indefinido, muchos optaron por marcharse ante el clima de rechazo que se levantó tras el referéndum de salida.
En su lugar, Johnson aprobó unas nuevas reglas para los inmigrantes. La principal es que las personas que pidan un visado deben tener una oferta de trabajo con un salario mínimo de 25.600 libras (30.000 euros) anuales, para evitar que las personas de baja cualificación entren al país. La única excepción es para personas con un doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, y para los premios Nobel. Para sorpresa de nadie, ningún galardonado por el prestigioso título sueco ha pedido un visado para trabajar en Reino Unido.
La otra opción es la apertura de visados extraordinarios para categorías laborales con escasez de trabajadores. Johnson probó a atraer camioneros y carniceros extranjeros en los últimos meses, pero estas ofertas han sido un rotundo fracaso: apenas un centenar de personas ha aceptado ir a cubrir las decenas de miles de vacantes que existen. Como explicó el líder sindical de los camioneros holandeses, Edwin Atema, a la cadena BBC, "¿por qué íbamos a ir a sacar al Reino Unido de la mierda en la que se han metido ellos solos?".
Los países nórdicos toman otro camino
A pesar de que Finlandia sí está en línea con el resto de gobiernos occidentales y está lanzando medidas para captar inmigrantes (como ofrecer visados de trabajo a muchas personas que solo contaban con permiso de estudiante), sus vecinos no están siguiendo exactamente esta política.
En Dinamarca coinciden en que necesitan trabajadores extranjeros y, de hecho, el Ejecutivo ha anunciado que espera atraer a más de 20.000 próximamente para hacer frente a la crisis, pero endurecerá los criterios para mantenerse en el país una vez estén dentro. Aquellos que no logren trabajar al menos 37 horas semanales perderán todas las ayudas estatales y esperan que se marchen del país.
El primer ministro, Mette Frederiksen, afirmaba que "las personas tienen el deber de contribuir y ser útiles y si no pueden encontrar un trabajo regular, tendrán que trabajar por su subsidio". El dirigente socialdemócrata concluye que "durante demasiados años hemos hecho un flaco favor a la gente al no esperar nada de ellos".
Los socialdemócratas suecos siguen esa línea e incluso plantean endurecer todas las normas y la entrada para los trabajadores inmigrantes que sean de la Unión Europea. Magdalena Andersson, principal candidata al partido socialdemócrata afirmaba que "es completamente irracional que importemos miles de trabajadores cuando tantos suecos fueron despedidos debido a la crisis del coronavirus". La dirigente concluyó diciendo que "Hay 200.000 personas en Suecia que están desempleadas de larga duración, por lo que hay un recurso al que recurrir".
Grecia, Italia y Portugal
Una de las grandes sorpresas de la falta de mano de obra es que los países del sur de Europa, con una tasa más elevada de paro, también están sufriendo problemas a la hora de encontrar personal. Destaca el caso de Portugal, en el que su primer ministro, Pedro Siza Vieira, afirmó en septiembre que "el país necesita migrantes para resolver la escasez de mano de obra". Para ello, ha planteado un aumento en el número de visados de residencia permanente y un aumento del apoyo económico a la vivienda y la integración de las personas que vienen de otros países.
Grecia, según el último informe de la OCDE sobre migración mundial, ha emprendido una campaña para asegurar a los estudiantes extranjeros permiso de residencia para poder trabajar en su país. Italia también está levantando la mano a la hora de dejar entrar inmigrantes, pero especialmente en el sector de la agricultura, el covid provocó en 2020 un importante descenso en la mano de obra que normalmente suele verse reforzada por trabajadores del norte de África.
Japón, ante un cambio histórico
Con 2,5 millones de inmigrantes (un 1,98% de su población), Japón es uno de los países más cerrados en lo que respecta a conseguir una visa. En España, por ejemplo, la cifra es del 12,9% y en EEUU del 15,42%. El país del sol naciente tradicionalmente ha renunciado a la entrada de población extranjera por método. Sin embargo, la escasez de trabajadores está cambiando esta tendencia.
El ministerio de Justicia ha afirmado que permitirán quedarse el país indefinidamente determinados a los empleados de diversos sectores a partir de 2022 y a sus familias, un cambio histórico en su política de inmigración. Esta decisión afectará a trabajadores de 14 áreas, en especial agricultura y construcción. Aunque la crisis ha influido, principalmente se debe al grave problema de envejecimiento que atraviesa el país más anciano del mundo (un 28% de su población es mayor de 65 años) es la que más ha pesado en esta decisión.
Además esta medida, el Gobierno ya se ha propuesto públicamente relajar los criterios de entrada de inmigrantes, aunque no da cifras concretas debido a los problemas con el covid, que creen que altera sus previsiones. El plan que tenía el país era dar entrada a 345.000 en cinco años, pero los problemas laborales que experimentan han aumentado la necesidad de agilizar este proceso. Por lo tanto, se espera que en el próximo año se den importantes llegadas de población extranjera a Japón.
Emiratos Árabes hace historia
Uno de los cambios más reseñables de esta situación ha sido el de los Emiratos Árabes Unidos. El país musulmán, desde lo peor de la pandemia, lanzó importantes iniciativas para lograr atraer a los teletrabajadores a su país, ofreciéndoles programas gubernamentales y adaptando (en parte) el entorno laboral de su país para ofrecer ventajas a quienes vienen.
El último cambio ha sido este mes de diciembre, en el que han decretado la semana laboral de 4,5 días. El país se ha convertido en el primero del mundo en adoptar un horario de menos de cinco jornadas. Además de esta ventaja, el gran guiño al exterior ha sido que han abandonado el modelo musulmán de fin de semana (viernes y sábado de descanso) y ahora, con la semana de 4,5 días, viernes por la tarde, sábado y domingo serán días libres.
El cambio más sorprendente, sin embargo, ha sido la decisión de abrir la puerta a dar la doble nacionalidad a los extranjeros cualificados que lleven un tiempo trabajando allí. Este movimiento supone un giro especialmente notable porque los países de la zona solían estar divididos en dos grupos muy cerrados. Por un lado, los nativos, que reciben grandes ayudas estatales. Por otro, dos clases de extranjeros: los cualificados que hablaban inglés y que trabajaban en empresas globalizadas, y los de clase baja, en condiciones de semiesclavitud y dependientes de sus empleadores. Ahora, al menos los primeros podrán aspirar a obtener la nacionalidad.
El propio Gobierno ha reconocido que uno de los motivos para impulsar esta mejora de las condiciones de los trabajadores del país es atraer inmigrantes y, en especial, talento técnico de EEUU y Europa. El país ve en la llegada de esta población una oportunidad de desarrollar más sectores de su economía y reducir la dependencia de su industria petrolera.
Australia y Nueva Zelanda compiten por el talento
Australia y Nueva Zelanda llevaban unos años 'desencantados' con la inmigración. Ambos países, que habían recurrido a esta herramienta en el pasado, venían reduciendo el cupo de población extranjera y endureciendo los controles. Sacarse la nacionalidad de uno de estos dos lugares se convirtió antes de la pandemia en un proceso realmente complicado. Esta situación está cambiando con la escasez de mano de obra.
En primer lugar, Australia ha anunciado que, a partir del 1 de diciembre, relajará la entrada de ciudadanos de numerosos países como Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda o Japón. El país espera recibir más de 200.000 inmigrantes en cuanto se levanten las restricciones. Desde el Gobierno creen que este puede ser un primer paso para incrementar de forma notable la llegada de trabajadores cualificados al país.
"Los pasos que estamos tomando hoy tienen que ver con asegurar nuestra recuperación económica, los pasos que estamos tomando hoy tienen que ver con que los australianos miren hacia el futuro, los pasos que estamos tomando hoy tienen que ver con hacer que Australia avance", dijo el primer ministro Scott Morrison.
Nueva Zelanda, por su parte, ha seguido el ejemplo de su vecino y ha anunciado dos medidas. La primera será permitir que más de 165.000 visas de trabajo temporales se conviertan en indefinidas. La segunda es que abrirá las puertas de su país para atraer a más empleados, pero no especifica una cifra concreta sobre cuántas personas espera recibir la isla.
¿Y España?
Tal y como ha explicado recientemente el Banco de España, el país se enfrenta, también, a un problema para encontrar empleados. Según su última encuesta de actividad, las compañías con dificultades para encontrar mano de obra se han disparado del 13,2% al 27,2%. La propia institución remarca que esto denota " "mayores presiones sobre sus costes laborales, lo que denotaría que esa escasez de fuerza laboral tendría un reflejo sobre la cuantía de los incrementos salariales".
Entre los sectores en los que más destaca este problema están la hostelería (36,2%), comunicaciones (34,7%) y transporte (21,1%). Sin embargo, el estudio afirma que este problema existe en todas las áreas excepto en la administrativa, que es la única que se mantiene en los niveles del cuarto trimestre de 2020.
Emprendió un decreto de homologación para acortar los plazos administrativos
Entre otras cosas, el Gobierno de nuestro país puso en práctica un cambio legislativo para acelerar la llegada de emigrantes cualificados. Hasta ahora las esperas para homologar un título universitario se extendían de los nueve meses a los dos años y el ministerio de Universidades ha puesto en marcha un decreto de homologación para acortar los plazos a un máximo de seis meses.
Se trata de una medida que puso en práctica a comienzos del año y que el ministro, Manuel Castells, defendió afirmando que "es de vital importancia para nuestro mercado laboral atraer el talento que necesitamos para recualificar nuestro país. No se puede pensar en hacerlo sin la inmigración de profesionales de alta cualificación".
