Giró usa fondos públicos para la fianza del procès con riesgo de malversación

En la recta final del plazo, con el rechazo de las entidades bancarias a avalar el fondo impulsado por la Generalitat, el Govern catalán hizo ayer el depósito al Tribunal de Cuentas de 5,4 millones de euros para pagar las fianzas impuestas a los 34 exaltos cargos por la malversada política de acción exterior de la principal institución catalana.

El conseller de Economía, Jaume Giró, era el primero en admitir este miércoles que, finalmente, la Generalitat se ha visto abocada a utilizar el Instituto Catalán de Fianzas -con dinero público- para cubrir esta carga, que en buena medida alcanza a los políticos presos por el 1-O, indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez semanas atrás.

Ahora, la respuesta negativa de la banca ha propiciado que el anuncio del conseller llegue después de que el martes explicara todo lo contrario, es decir, que el Govern renunciaba a utilizar el ICF para no poner en riesgo a los trabajadores públicos pese a que así lo contemplaba el decreto ley sobre la creación de un Fondo Complementario de Riesgos, para cubrir las citadas fianzas.

Sin embargo, en un vuelco, Giró llegó a afirmar el miércoles que, en las últimas horas, ha recibido llamadas de personal del ICF pidiéndole que no renunciara a ello y que utilizara este recurso, por lo que finalmente ha decidido cambiar de criterio.

Así pues, a partir de ahora, el trámite es el siguiente: una vez hecho el depósito de las fianzas, y con las medidas cautelares del Tribunal de Cuentas, el embargo está detenido, a la espera de una sentencia firme, donde caben los recursos.

Precisamente el Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona archivaba la denuncia presentada por Convivencia Cívica Catalana contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por un presunto delito de malversación respecto al fondo para cubrir las fianzas del Tribunal del Cuentas. En un comunicado este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado que el Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona ha archivado la denuncia "al dirigirse contra persona aforada". La entidad interpuso la denuncia después de que el Gobierno catalán presentara un fondo de 10 millones de euros para cubrir la fianza de 5,4 millones fijada por el Tribunal de Cuentas a exdirigentes independentistas por acciones de acción exterior desempeñadas entre 2011 y 2017.

Por su parte, Vox ya ha adelantado que está dispuesto a llevar ante los tribunales a la Generalitat de Cataluña si finalmente avala las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 exaltos cargos por la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. Santiago Abascal garantizó que Vox estudiará "cualquier pretensión ilegal" del Ejecutivo de Pere Aragonés y actuará ante la justicia. "Como hacemos desde 2017", recordó.

Asimismo, Cs estudiará en qué responsabilidades pueden incurrir el presidente o el consejero delegado del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) si autorizan el "autoaval" de la Generalitat respecto al dinero que el Tribunal de Cuentas reclama a varios de los condenados por el procès.

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