Barcelona
El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, convocó una reunión con los abogados de los 34 excargos públicos de la administración catalana investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable vinculada a gastos de promoción exterior de la independencia, según ha sabido elEconomista. Lo hizo para darles un mensaje de tranquilidad respecto a las fianzas por 5,4 millones de euros que deben afrontar, si bien les mintió doblemente.
En dicho encuentro les habló del fondo creado por la Generalitat para avalar indirectamente dichos pagos, y aseguró que tenía el apoyo del Gobierno español y un acuerdo con Banco Sabadell para que actuara como entidad financiera avaladora intermediaria.
Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado que investigará si el denominado fondo complementario de riesgos de la Generalitat es legal, y que si no lo es presentará recurso, y el Sabadell declinó hacer declaraciones, pero otras fuentes consultadas lo descartaron y sostienen que no hay todavía acuerdo con ningún banco para actuar como entidad a través de la que la Generalitat contraavale unas fianzas que precisamente tienen como objetivo devolver a la administración autonómica un dinero gastado ilícitamente.
Y es que desde el sector financiero en general recelan de la fórmula de aval indirecto ideada por el Govern para intentar esquivar una acusación de malversación por el fondo de 10 millones de euros que ha creado mediante un decreto ley para cubrir estas fianzas. Ningún banco quiere quedarse con un descubierto millonario si la Justicia impide el contraaval de la Generalitat por considerarlo ilegal.
De hecho, el propio decreto elaborado por Giró prevé un paso arriesgado desde el punto de vista legal: avalar directamente las fianzas del Tribunal de Cuentas de forma "excepcional" si no logra un acuerdo con ningún banco para el 21 de julio, día que expira el plazo para depositarlas. Según la disposición transitoria del decreto, la Generalitat podrá "otorgar la garantía mediante cualquier medio admitido en derecho, sin perjuicio de que sea sustituida posteriormente" por la fórmula de contraavalar a una entidad financiera que sea la avalista de los investigados.
Consell de Garanties
Las dudas sobre la legalidad del decreto y sobre la vía elegida para crear este fondo de 10 millones ha llevado a PSC, Cs y PP a anunciar ala solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, organismo consultivo del Parlament que ahora tiene 12 días para elaborar sus conclusiones al respecto.
El PSC considera en su escrito de petición, entre otros puntos, que la creación del fondo complementario de riesgos debería haberse tramitado como ley, y no como decreto ley, porque no ve razones que justifiquen la necesidad de ponerlo en marcha con urgencia.
Alegaciones de Mas y Puigdemont
En el proceso de alegaciones contra las fianzas del Tribunal de Cuentas, el expresidente catalán Carles Puigdemont aduce que su inmunidad como eurodiputado se extiende a cualquier organismo.
El también expresident Artur Mas alega indefensión por irregularidades en las diligencias y pide por ello suspender los pagos hasta resolverse el recurso, informó Ep.
