Bruselas
Tras la presión del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas de la UE y la Defensora del Pueblo Europeo, la Comisión Europea empieza a reconsiderar su relación con las consultoras, al menos para evitar potenciales conflictos de intereses. La Comisión ha indicado que estudia obligar a contratistas externos a revelar posibles conflictos de intereses y ofrecer nuevas directrices a los funcionarios comunitarios para evitarlos.
Los acuerdos firmados por la Comisión con empresas de consultoría han aumentado en los últimos años. Solo entre 2016 y 2019, las 'cuatro grandes' (PwC, EY, KPMG y Deloitte) ganaron contratos por valor de más de 462 millones de euros, según publicó elEconomista en marzo. Algunos de ellos colindaban con el conflicto de intereses, como el acuerdo con McKinsey para dar recomendaciones sobre políticas sobre inteligencia artificial, una de las áreas de negocio de la firma.
La Comisión también contrató el año pasado a BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, para llevar a cabo un estudio sobre la integración de los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las normas bancarias de la UE.
Tras las quejas de los eurodiputados sobre el caso de BlackRock, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, concluyó el pasado noviembre que existían "preocupaciones legítimas en torno al riesgo de conflictos de intereses". Recomendó "directrices más claras" para detectar estos casos e invitó a la Comisión a considerar si sus reglas de regulación financiera deberían ser "fortalecidas" para evitarlos.
En una carta enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 30 de marzo a raíz del artículo de elEconomista, un grupo de 73 eurodiputados presionaron al Ejecutivo comunitario para que adoptara las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses.
En respuesta a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo, la Comisión indicó el pasado 12 de abril que está reflexionando sobre la introducción de enmiendas a su Reglamento Financiero, por ejemplo para obligar a contratistas externos a informar sobre conflictos de intereses. "Para tomar una decisión informada a este respecto, [la Comisión] tiene como objetivo incluir el asunto en una consulta pública específica sobre la próxima revisión del Reglamento Financiero, que planea iniciar en breve", indicó.
"Se debe cambiar la definición de conflicto de intereses", añade Philippe Lamberts
Además, el Ejecutivo comunitario también estudia proporcionar orientación adicional a sus trabajadores sobre lo que representa un conflicto de intereses, por ejemplo, a través de una "lista no exhaustiva de ejemplos relevantes". La Defensora del Pueblo Europeo acogió con satisfacción la "respuesta constructiva" dada por la Comisión, al considerar que estaba "en línea con lo que sugirió", dijo su oficina en un comunicado.
Sin embargo, en el Parlamento Europeo, las ideas barajadas por la Comisión saben a poco. "Si la definición de conflicto de intereses permitió que se firmara el contrato con BlackRock, hay algo erróneo en esa definición", señala a elEconomista el copresidente del grupo de los Verdes, Philippe Lamberts, quién lideró la carta de los 73 eurodiputados sobre las consultoras. "Se debe cambiar la definición de conflicto de intereses", añade.
Además, opina que la Comisión no debería considerar solo cambios "con un enfoque legalista sino político". En este sentido, explica que los consultores pueden ayudar en aquellas áreas donde se requiere un conocimiento muy específico, "pero redactar legislación, de ninguna manera, ese trabajo tiene que ser realizado por funcionarios".
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