Economía

Bruselas dispara el gasto en consultoras para asesoría en reformas

  • 'elEconomista' revela que la Comisión se ha gastado más de 462 millones en las cuatro grandes firmas entre 2016 y 2019
Bruselas.

Las grandes firmas de consultoría ganan terreno en la UE. Al calor del empuje reformador de las capitales, y de los desafíos de la pandemia, ejércitos de consultores ofrecen recomendaciones para políticas y reformas estructurales a la Comisión Europea y los Estados miembros, muchas en sectores de alto voltaje como el sanitario, la justicia o el mercado laboral.

Tan solo entre 2016 y 2019, el último año del que hay cifras disponibles, la Comisión Europea gastó más de 462 millones de euros en las llamadas cuatro grandes (PwC, KPMG, Deloitte y EY), según estimaciones realizadas por elEconomista en base a documentos oficiales.

Su implicación además plantea cuestiones de conflicto de intereses, ya que a menudo su presencia es requerida en áreas en las que también asesoran a empresas privadas, según advierten desde el Parlamento Europeo. elEconomista investigó los datos del sistema de transparencia financiera de la UE y otros documentos de la Comisión para este artículo.

La base de datos contiene información desde 2007. Aunque la información de los primeros años es irregular, los registros muestran una cantidad cada vez mayor de recursos dedicados a empresas de consultoría externas, especialmente PWC, KPMG, Deloitte y EY.

Entre 2016 y 2019, ambos incluidos, KPMG recibió la mayor cantidad de fondos de la UE, incluido del Fondo Europeo de Desarrollo (154,84 millones de euros), seguido de EY (121,32 millones de euros), PwC (93,77 millones de euros). y Deloitte (92,28 millones de euros).

Su facturación con la Comisión además recibió un impulso adicional durante los últimos años, a través del Programa de apoyo a las reformas estructurales de la Comisión.

Este programa proporciona asistencia técnica a los Estados miembros para diseñar reformas estructurales, ya sea a través de los funcionarios de la Comisión o de expertos contratados en otras organizaciones internacionales, ONG o empresas privadas.

En 2017, cuando se lanzó el programa, solo EY obtuvo dos programas por valor de 221.820 euros. Ese año, menos del 2% de los 22,5 millones de euros asignados al programa se destinaron a contratistas privados, mientras que más de la mitad de los fondos se concedieron a organismos internacionales para que ayudaran a los socios a diseñar reformas.

Pero la participación de los cuatro grandes creció exponencialmente durante los años siguientes. En 2018, recibieron 11,04 millones de euros de un total de 30,5 millones de euros. En 2019 obtuvieron 24,38 millones de euros para 91 reformas, de nuevo casi un tercio de los 79,4 millones de euros dedicados al programa ese año.

Con 10,31 millones de euros, PwC atrajo la mayor parte de los fondos en 2019, participando en un total de 33 propuestas de reforma en los Estados miembros, seguido de EY (6,7 millones de euros para 30 reformas), Deloitte (3,97 millones de euros para 13 reformas) y KPMG (con contratos por valor de 3,4 millones de euros para 15 reformas).

Su facturación probablemente continuó aumentando en 2020, ya que el programa vio su potencia de fuego aumentada a 84,9 millones de euros.

Además, su tamaño del pastel podría aumentar, ya que la UE fortalecerá en los próximos años el 'Instrumento de apoyo técnico', sucesor del Programa de apoyo a las reformas estructurales.

En el marco del nuevo marco financiero plurianual, la Comisión dispondrá de 864 millones de euros para reformas estructurales durante el período 2021-2027, alrededor de 115 millones de euros al año.

La Comisión informó a principios de marzo que este instrumento apoyará 226 proyectos este año en los 27 Gobiernos. Alrededor de un 60% de ellos están relacionados con la puesta en marcha de las reformas que los Estados miembros están presentando a Bruselas para desbloquear los 672.000 millones de euros del fondo de recuperación.

"Mejor experiencia mundial"

Un portavoz de la Comisión justificó la cantidad de recursos gastados en las grandes empresas de consultoría argumentando que aportan "los mejores expertos en la materia del mundo".

El portavoz subrayó que los contratos se adjudicaron mediante licitación pública, seleccionando a aquellos contratistas que proponen "la mejor y más personalizada oferta al Estado miembro beneficiario, de la manera más ventajosa económicamente".

A través del programa de reformas estructurales, las consultoras han tenido voz en políticas públicas en áreas sensibles. Algunas de las reformas en las que participaron estuvieron relacionadas con la justicia, el mercado laboral, la policía, los servicios sociales o salud.

EY fue contratada en 2019 para reestructurar el sector hospitalario en Estonia, para la reforma de la dirección general del Tesoro en Francia y para fortalecer las políticas activas del mercado laboral a través de mecanismos de recompensa y apoyo en Italia.

Sin embargo, un portavoz de la Comisión argumentó que las consultoras "no son responsables de la formulación de políticas". Explica que el ejecutivo comunitario permanece involucrado durante la prestación del servicio, y los Estados miembros son, en ultima instancia, los responsables de la reforma. 

El contratista elegido "es responsable de proporcionar servicios de consultoría basados en el conocimiento a la Comisión o la entidad beneficiaria en el Estado miembro".

Sin embargo, varios contratos indican que se trajo a consultores no solo para la investigación o evaluaciones comparativas. Por ejemplo, PwC fue contratada en 2019 para la elaboración de un marco de supervisión para empresas de inversión complejas en Irlanda.

Además, fuentes del sector admiten que incluso los informes analíticos generalmente concluyen con recomendaciones.

PwC y cumplimiento tributario

Otro ejemplo fue el contrato firmado con PwC en 2019 para "el desarrollo, establecimiento y evaluación del marco nacional de control fiscal, en el contexto de la implementación del programa y la reforma cooperativa de cumplimiento fiscal" en Bélgica.

PwC y las llamadas Big Four participaron en la elaboración de complejos esquemas tributarios para ayudar a más de 340 multinacionales a evitar el pago de impuestos, como reveló el escándalo de los papeles de Luxleaks en 2014.

Tras esa filtración, la Comisión además lanzó un procedimiento de infracción contra Bélgica por considerar que su sistema fiscal beneficiaba a algunas multinacionales.

Un portavoz de la Comisión explicó que, en el marco de este proyecto, PwC impartió cursos de preparación y una base para una guía, pero no proporcionó ninguna recomendación a la Administración belga.

La participación de las empresas consultoras en el entramado comunitario no se limita ni a las cuatro grandes ni al Programa de apoyo a la reformas estructurales. Algunos contratos se firman para proporcionar servicios de informática, o como parte del programa Horizonte 2020, el gran fondo de innovación de la UE.

Una parte importante se dedica a grandes proyectos, entre los que se incluyen "Vías comerciales de la UE en el sudeste asiático" (con PwC, por 8,2 millones de euros), la promoción de los derechos humanos en Pakistán (con EY, por casi 8 millones de euros), un estudio sobre la plataforma de resolución de disputas en línea (Deloitte, por casi un millón de euros), o la prevención y lucha contra la corrupción en Serbia (PwC, por casi más de 3 millones de euros en dos contratos diferentes).

McKinsey

Otros pesos pesados de la consultoría también se beneficiaron del Programa de apoyo a las reformas estructurales. McKinsey recibió un contrato en 2018 para estudiar la viabilidad para establecer una unidad de grandes casos dentro del sistema estadístico en Alemania (878.970 euros).

Fuera del programa de reformas, McKinsey firmó un contrato de 966,975 euros en 2019 para proporcionar un análisis a los cambios sistémicos en las cadenas de valor causados por la Inteligencia Artificial (IA) para anticipar oportunidades para las pymes.

Este proyecto ilustra el posible conflicto de intereses que podría surgir con la participación de estas empresas en la formulación de políticas.

En el pliego de condiciones, la Comisión indicó que "el objetivo general de esta acción es identificar una combinación óptima de medidas de política industrial (empresarial, financiera, de inversión, etc.) que se consideren necesarias para crear un marco favorable para el desarrollo y la adopción de aplicaciones de IA por parte de las pymes europeas".

McKinsey, que también brinda asesoramiento sobre inteligencia artificial, argumenta que la gran mayoría de sus clientes no son pymes. Además, la compañía señaló a elEconomista que "todos los equipos están obligados por estrictas reglas de confidencialidad a no revelar ninguna información confidencial de los clientes", y los consultores se asignan a los clientes después de verificar cualquier posible conflicto de intereses.

McKinsey, que nunca revela a sus clientes, ha firmado cinco contratos con la Comisión entre 2016 y 2019, por un valor aproximado de 5,5 millones de euros, incluidos proyectos relacionados con la energía en Ucrania.

El trabajo de McKinsey con los gobiernos francés e italiano durante los últimos meses en el contexto de la lucha contra la pandemia ha levantado polvareda en ambos países, y ha puesto el foco de nuevo en la labor de los consultores en todo el continente.

Proceso de investigación riguroso

El posible conflicto de intereses en contratos firmados por la Comisión con contratistas privados precisamente fue advertido recientemente por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly. En sus conclusiones tras el caso BlackRock en noviembre, O'Reilly sugirió a la Comisión que actualizara sus directrices "para los procedimientos de contratación pública para los contratos de servicios relacionados con políticas, dando claridad al personal sobre cuándo excluir a licitadores debido a conflictos de intereses que puedan afectar negativamente a la ejecución del contrato".

Su pronunciamiento llegó tras haber contratado la Comisión a BlackRock, una empresa de gestión de inversiones, para realizar un estudio para integrar objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza en las reglas bancarias europeas.

La oficina de O'Reilly insistió en un comunicado enviado a elEconomista que "los contratos en áreas relacionadas con las políticas públicas deben pasar por un riguroso proceso de investigación".

"Es importante verificar que el interés público no se vea socavado por los contratos que realizan empresas que tienen un claro interés regulatorio en las políticas", agregó su oficina.

El Tribunal de Cuentas Europeo, el auditor externo de la UE, fue contactado para este artículo, pero no ofrecieron una respuesta a tiempo.

La importante cantidad de recursos dedicados a consultores privados impactó a algunos en el Parlamento Europeo.

Philippe Lamberts, presidente del grupo de los Verdes en la Eurocámara, señaló a elEconomista que "es increíble que la Comisión se dedique a buscar asesoramiento externo".

"La Comisión está suficientemente equipada para hacer bien el trabajo, y si tienen el dinero para contratar consultores, también lo deberían tener para contratar personal".

Lamberts agregó que se sabe que las cuatro grandes firmas de consultoría han ayudado a empresas a eludir la legislación, especialmente la tributaria. Por eso, su participación en la formulación de políticas representa "un conflicto de intereses masivo" que daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE.

Añadió que los consultores que redactan las propuestas en las grandes firmas además no son en su mayoría empleados con un pensamiento científico independiente, sino graduados de escuelas de negocios "a quienes se les ha enseñado el credo neoliberal, el cual ha quedado demostrado lo equivocado que está".

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