Bruselas
Era sabido que la Comisión Europea contrataba de vez en cuando a consultores para algunos informes que requerían un conocimiento más específico. Pero nadie podía imaginar el enorme gasto dedicado a firmas externas, sobre todo a las cuatro grandes: PwC, KPMG, Deloitte y EY. Solo entre 2016 y 2019, la Comisión Europea gastó más de 462 millones de euros en estas multinacionales, tal y como publicó elEconomista el pasado 18 de marzo, tras analizar información del Sistema de Transparencia Financiera de la UE y otros documentos de la Comisión.
El volumen ha sorprendido incluso a algunos dentro del Ejecutivo comunitario, y sobre todo ha provocado indignación en el Parlamento Europeo. Por eso, un grupo de 73 eurodiputados de los principales grupos envió ayer una carta a la Comisión expresando su preocupación por los cientos de millones de euros gastados en empresas de consultoría y su participación en la formulación de políticas.
"Quisiéramos expresar nuestra preocupación por las recientes revelaciones hechas", dice la carta citando la información publicada por este corresponsal, y enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis.
La carta fue redactada por el copresidente de los Verdes en el Parlamento Europeo, Philippe Lamberts, y firmada por miembros de una mayoría de grupos como el Partido Popular Europeo, los Socialistas, los Liberales (Renovar Europa), los Verdes y la Izquierda.
El enorme volumen de fondos creció significativamente con la puesta en marcha en 2017 del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales. Este instrumento ofrece asistencia técnica a los Estados miembros para diseñar reformas estructurales, ya sea recurriendo a funcionarios comunitarios o de expertos contratados de otras organizaciones internacionales, ONG o empresas privadas.
Cuando se lanzó el programa, solo EY obtuvo dos programas por valor de 221.820 €. Ese año, menos del 2% de los 22,5 millones de euros asignados al programa se destinaron a contratistas privados, mientras que más de la mitad de los fondos se concedieron a organismos internacionales.
Pero la participación de las cuatro grandes creció exponencialmente durante los años siguientes. En 2018 recibieron 11,04 millones de euros de un total de 30,5 millones de euros. En 2019, el año más reciente con cifras disponibles, duplicaron su financiación hasta los 24,38 millones de euros para 91 reformas, de nuevo casi un tercio de los 79,4 millones de euros dedicados al programa aquel año.
Los recursos aumentarán además bajo el actual marco presupuestario plurianual de la UE (2021-2027). En este periodo, el Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales se ha convertido en en el Instrumento de Apoyo Técnico, e incrementará su potencia de fuego hasta alcanzar los 864 millones de euros para el conjunto del periodo.
Citando los ejemplos publicados por elEconomista, los eurodiputados expresaron su preocupación por la participación de las grandes consultoras en la formulación de políticas y el posible conflicto de intereses en algunas áreas.
"Acciones contundentes"
En la carta, los eurodiputados señalan que "la Comisión debe tomar acciones contundentes para evitar el riesgo de influencia indebida de empresas privadas de consultoría en sus decisiones y en el diseño de reformas estructurales en áreas sensibles de las políticas públicas".
Algunas de las reformas en las que participaron estaban relacionadas con la Sanidad, el mercado laboral, la Justicia o las fuerzas de Seguridad.
Los eurodiputados también piden que el Ejecutivo comunitario justifique el aumento significativo de los fondos dedicados a las consultoras, en lugar de utilizar el conocimiento y experiencia de la propia institución o la contratación de expertos de organizaciones internacionales.
La Comisión también debe proporcionar la cantidad total dedicada a estudios redactados por empresas externas entre 2016-2020, incluidas evaluaciones de impacto, recomendaciones de políticas, informes provisionales y otro tipo de documentos, se lee en la carta.
Los eurodiputados piden que Von der Leyen evalúe "si recurrir cada vez más a la consultoría privada externa es relevante y económicamente sólido, en comparación con la opción de contratar personal para realizar tareas similares internamente".
Por último, preguntan a la Comisión qué medidas ha tomado o piensa tomar para seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo de la UE de tener un proceso de investigación riguroso al adjudicar contratos para evitar conflictos de intereses.
La defensora del pueblo europea, Emily O'Reilly, expresó su preocupación el pasado año tras adjudicar la Comisión al gestor de fondos BlackRock el contrato para estudiar la integración de los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las normas bancarias de la UE.
La Eurocámara no es el único frente desde el que le llega la presión a la Comisión por el dinero dedicado a contratistas privados.
Auditoría del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas Europeo también está actualmente auditando los gastos de la institución en consultores externos, según indicó un portavoz del tribunal a elEconomista."Esta auditoría tiene como objetivo evaluar si la Comisión logra una buena relación calidad-precio al tiempo que protege sus intereses al contratar consultores", agregó la misma fuente. Se espera que el informe se publique a principios del próximo año.
Un portavoz de la Comisión explica que los contratos se adjudicaron a las grandes consultoras tras un proceso de licitaciones públicas, seleccionando a las empresas que proponen "la mejor y más personalizada oferta al Estado miembro beneficiario, de la manera más ventajosa económicamente".
Desde la Comisión niegan que las consultoras sean responsables de la formulación de políticas. elEconomista contactó a PwC, KPMG, Deloitte y EY pero no recibió ningún comentario.
