Nueva York
En tan solo 93 días desde su desembarco en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho borrón y cuenta nueva. Poco queda ya de aquel senador demócrata que hace cuatro décadas votó a favor de los recortes fiscales que permitieron al republicano Ronald Reagan declarar el fin del gran gobierno. Tampoco se atisba reminiscencia de su apoyo a finales de los 90 a una enmienda para equilibrar el presupuesto o la necesidad de reducir los costes a largo plazo de la Seguridad Social y el Medicare.
La metamorfosis de Biden, que responde a una desafiante coyuntura económica, refleja ahora una expansión del gasto público en completa sintonía con el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Todo ello en busca de un repunte económico que tocará techo en el trimestre en curso, cuando el PIB podría crecer hasta un 10,5%, de acuerdo a las estimaciones que baraja Goldman Sachs.
Al fin y al cabo, el actual mandatario opera con menos restricciones políticas relacionadas con el déficit federal que cualquiera de sus tres predecesores demócratas. Los topes legales que durante la última década han restringido el gasto federal expirarán el próximo 30 de septiembre. En marzo los demócratas y el septuagenario aprobaron el Plan de Rescate Americano, un estímulo por valor de 1,9 billones de dólares. A comienzos de este mes se presentó el bautizado como Plan de Empleo Americano (2,25 billones de dólares en infraestructuras y otras partidas) mientras la próxima semana llegará el Plan de Familias Americanas (con un tamaño de más de un billón de dólares). De ser aprobados sumarían una factura de más de 3 billones de dólares.
Un orondo desembolso que la Administración Biden financiará con la mayor subida de impuestos a las empresas desde 1968, según Dan Clifton, director de análisis en Strategas Research Partners. En efecto, para costear su ambicioso proyecto de infraestructuras públicas, el demócrata intentará recaudar 2 billones de dólares en ingresos fiscales durante los próximos 15 años con sus miras puestas particularmente en las multinacionales. La hoja de ruta esbozada por el Plan fiscal Made In America aboga por aumentar el impuesto de sociedades del 21% al 28%. Dicho esto, sin apoyo republicano en ciernes, se da por sentado que la subida quedará limitada al 25% para garantizar el apoyo de los demócratas más moderados, como el senador por Virginia Occidental Joe Manchin.
Además, el gobierno de Biden propone duplicar el tipo impositivo mínimo sobre los ingresos globales intangibles de baja tributación (GILTI por sus siglas en inglés) del 10,5% al 21%. Al mismo tiempo tiene previsto eliminar la deducción por beneficios intangibles derivados del extranjero (FDII, por sus siglas en ingles).
Por último se plantea un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios contables, es decir, aquellos que las empresas declaran a los accionistas. Este gravamen se aplicaría a las empresas con beneficios anuales superiores a 2.000 millones de dólares por lo que alrededor de 45 empresas serían presa de este impuesto, según el Departamento del Tesoro.
Cambiar tendencias
La propuesta pretende revertir dos tendencias. Una es la creciente proporción de los ingresos de las multinacionales canalizados a través de los paraísos fiscales (en estos momentos el 60% de los beneficios extranjeros, frente al 30% en el 2000). La otra es la disminución de la recaudación del impuesto de sociedades en relación con el PIB.
La recaudación del impuesto de sociedades en EEUU se situó en 2018 y 2019 en tan sólo el 1% del PIB, la mitad que entre 2013 y 2017 y muy por debajo de la media del 3% de otros países avanzados. Como porcentaje del PIB, el gobierno de EEUU recauda menos ingresos por el impuesto de sociedades que casi todas las demás economías de la OCDE. Durante el segundo mandato de Reagan, las empresas estadounidenses tenían un tipo impositivo efectivo de alrededor del 30%. A día de hoy este es inferior al 15%.
Un lugar menos atractivo
"Los cambios propuestos en el impuesto de sociedades podrían hacer de EEUU un lugar menos atractivo para hacer negocios", resalta Daniel Bunn, vicepresidente de la Tax Foundation, un think tank con sede en Washington, quien insiste en que estas propuestas "podrían hacer retroceder la competitividad de las empresas patrias". Una postura que respaldan el 98% de los consejeros delegados de la Business Roundtable, una importante organización que acoge a los directivos de las principales compañías estadounidenses.
Es importante tener en cuenta que la propuesta de Biden de elevar el impuesto de sociedades, combinada con los gravámenes estatales, situará el tipo impositivo de EEUU en aproximadamente el 32,4%, de nuevo a la cabeza de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En los últimos años, la tendencia mundial ha establecido normas de tributación territorial, con un impuesto de sociedades medio cercano al 23% y fórmulas más uniformes para la tributación de los beneficios extranjeros. Ahora bien, tras el azote de la pandemia, algunos países ya alistan subidas fiscales. Es el caso de Reino Unido, que prevé una subida impositiva para las empresas del 19% al 25% en 2023, el primer incremento desde 1974.
Sin embargo, sin regímenes fiscales comparables en muchos otros países, el coste de ser una multinacional con sede en EEUU subirá considerablemente si se aprueban las propuestas de Biden. Por eso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, presiona a sus homólogos en la OCDE para lograr un acuerdo sobre un impuesto mínimo global del 21%, una cifra que se aleja sensiblemente del 12,5% tanteado hasta la fecha.
En realidad, la iniciativa en curso dentro de la OCDE y el G20 para abordar el traslado de beneficios enfrenta múltiples escollos dado que tres de los principales paraísos fiscales identificados por EEUU como son Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo, forman parte de la Unión Europea y cualquier iniciativa sobre un tipo impositivo mínimo tendría que ser aprobada unilateralmente. Además, Suiza, otro de los señalados por Washington, también forma parte del organismo multilateral.
"Hay margen para avanzar hacia un impuesto mínimo global entre EEUU, la UE y algunos otros países de la OCDE pero será una negociación larga y difícil", reconoce Aditya Bhave, economista global de Bank of America Securities. Según señala este experto el éxito dependerá, en última instancia, tanto del "palo" como de la "zanahoria", es decir, de los incentivos para que las jurisdicciones de baja tributación se adhieran a dicho acuerdo y de la capacidad de los grandes países participante para cerrar las lagunas jurídicas de aquellos que no participen.
Las plusvalías
Pero más allá de las empresas, Biden pone sus miras ahora en las ganancias de capital para financiar su próximo Plan de Familias Americanas. El demócrata propondrá casi duplicar el tipo impositivo sobre las plusvalías de las rentas más altas, hasta el 39,6% desde el 20%, para ayudar a financiar una serie de gastos sociales que aborden la desigualdad.
De esta forma, según algunos de los detalles dados a conocer esta semana por Bloomberg, aquellos que ingresen más de un millón de dólares podrían llegar contar con una tasa del 43,4%, dado que no se retirará la actual tasa del 3,8% sobre los ingresos por inversión para financiar programas sanitarios. Si a ello añadimos los impuestos que imponen los propios estados, el impuesto estatal y federal combinado a las plusvalías podría alcanzar el 52,22% para los neoyorquinos y el 56,7% para los californianos.
Es por ello que los inversores dejaron entrever con ventas su malestar ante estas iniciativas en un momento en que el mercado todavía no ha descontado la oleada de subidas fiscales que anticipa Biden.
Peter Berezin: "Sería necesario un golpe fiscal inimaginable para evitar que los beneficios de las empresas aumenten el próximo año"
Pese a todo, con una economía estadounidense que tiene previsto crecer este año un 6,5% y un 3,5% en 2022, según las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional, la dinámica del ciclo económico parece cobrar en estos momentos más importancia que los impuestos. De hecho, las estimaciones del IBES siguen apuntando a un crecimiento de los beneficios del 15% para las empresas del S&P 500 en 2022.
"Sería necesario un golpe fiscal inimaginable para evitar que los beneficios de las empresas aumenten el próximo año", considera Peter Berezin, estratega jefe global de BCA Research, quien justifica que dada la fuerte correlación entre el rendimiento bursátil y el crecimiento económico, "el mercado alcista debería sobrevivir a las subidas fiscales".
De implementarse en su totalidad, las plusvalías a largo plazo se gravarían con el tipo más alto en los más de 100 años transcurridos desde que el Congreso estableció el impuesto sobre la renta, de acuerdo al equipo de economistas de Goldman. Es por ello que atisban un incremento más modesto, hasta el 28%, que quedaría a medio camino entre el nivel actual y la potencial propuesta de Biden.
Senadores demócratas moderados como Joe Manchin y Kyrsten Sinema serán los principales opositores a tal incremento. Manchin también se resiste a elevar el impuesto de sociedades.
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