
La finalización de los planes nacionales de inversiones y reformas, con los que se accederá al fondo de recuperación de la UE, no avanza tan rápido como esperaban las capitales y le gustaría a Bruselas. Los Estados miembros tendrán que enviar sus planes de recuperación para finales de este mes. España siempre ha estado en el grupo de los más avanzados, según coinciden fuentes comunitarias y diplomáticas. Y aunque será uno de los primeros que lo envíe, el Gobierno no ha conseguido cumplir con el objetivo de enviar el borrador en marzo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó el martes que el plan será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes, y de ahí pasará a ser debatido en el Congreso, para su posterior envío a Bruselas.
Los otros Estados miembros que están en el grupo de cabeza son Grecia, cuyo plan ya fue aprobado por el Gobierno y llegó a su Parlamento; y Portugal, informan las fuentes consultadas en Bruselas. Francia que también tenía intención de haberlo enviado entre los primeros, al final ha quedado rezagada.
El plan español desbloqueará los 140.000 millones de euros que nos corresponden del fondo de recuperación europeo, repartido a partes iguales entre subvenciones no reembolsables y préstamos ventajosos. Incluye inversiones y reformas, algunas con una enorme carga política, como las pensiones y la reforma laboral, además de la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado.
Con la reforma laboral, la Comisión espera que España reduzca la elevada temporalidad de nuestro mercado de trabajo y el descomunal desempleo juvenil. Esta reforma ha sido uno de los puntos que más ha costado pulir en la negociación entre el Gobierno y Bruselas. Sin embargo, el detalle de la reforma no llegará ahora con el envío del plan. Se concretará más adelante cuando el Gobierno la presente como parte de las metas e hitos que deberá ir cumpliendo durante los próximos seis años para ir desbloqueando gradualmente los fondos.
Las fuentes comunitarias explican que las discusiones entre Bruselas y los Estados miembros en este tramo final de la elaboración de los planes se han centrado en temas como la justificación de los costes, la definición de hitos, y en menor medida las auditorías posteriores a los desembolsos.
Algunas fuentes diplomáticas temen que el desembolso se retrase hasta el otoño
Desde el Gobierno español apuntan que la Comisión no ha sido del todo clara con el nivel de granularidad que espera con los hitos, lo que ha ralentizado la finalización del plan para muchas capitales.
Una vez reciba los planes, la Comisión tendrá dos meses para evaluarlos, y otro mes adicional el Consejo (Estados miembros). De esta manera, las primeras transferencias (10.000 millones en el caso español) no llegarían hasta agosto, o incluso algunas fuentes diplomáticas temen que se retrase hasta el otoño. Por eso, las capitales están pidiendo a la Comisión que reduzca la evaluación de dos meses, ya que ha estado discutiendo los planes nacionales con los Gobiernos desde el pasado otoño.
Antes de realizarse los desembolsos, todos los Estados miembros además deben concluir la ratificación del propio fondo de recuperación de 800.000 millones de euros. Hasta ahora lo han hecho 16 de los 27 socios. El proceso se encuentra paralizado en Alemania, por orden de su Tribunal Constitucional, lo que arroja más incertidumbre a la llegada de la ayuda.