
La reforma laboral se ha convertido en un nuevo foco de conflicto entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. La primera quiere que las negociaciones con los empresarios y los sindicatos den prioridad a los cambios normativos que reduzcan la alta tasa de temporalidad que padece el mercado de trabajo español, uno de los puntos en los que ha insistido la Comisión Europea, según fuentes conocedoras de los preludios de la negociación.
La titular de Trabajo y responsable de pilotar la Mesa de diálogo ha declarado públicamente que sería lógico empezar por aquellos puntos que ya están más avanzados, en referencia a los conocidos como "elementos más lesivos" de la reforma laboral del Partido Popular. Las diferencias entre las dos ministras son, pues, más de ritmos y de calendario que sobre el fondo de las propuestas que el Gobierno plantee a los agentes sociales, todavía por conocer.
Inicio del diálogo
En medio de esta polémica, este miércoles arrancó oficialmente la negociación con la creación de una "Mesa de Diálogo Social que aborda la Modernización del Mercado Laboral" con una reunión entre el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme. Negociarán contrarreloj por la presión que introduce Bruselas que debe recibir antes de junio el plan de reformas del Gobierno español que abrirá las puertas a la llegada de los fondos del plan de Resiliencia. El nombre de la Mesa deja entrever el conflicto, pues Yolanda Díaz ha huido de la expresión "reforma laboral", que puede tener connotaciones hacia el pasado y prefiere hablar de "modernización", con tintes de futuro.
Desde Bruselas siempre se ha llamado la atención a los diversos gobiernos españoles por aspectos "peculiares" del mercado laboral como las altas tasas de temporalidad y de desempleo, en especial el juvenil. En la primera, Eurostat recoge que en el tercer trimestre del año pasado, la temporalidad en España se colocó en el 24,3% (en el cuarto trimestre se elevó al 24,7%), mientras que la media de la zona euro estaba en el 14,2% y en la media de la UE-17 en el 13,5%. Diez puntos, pues, por encima.
De aquí que Calviño, que es la que debe ir a negociar a Bruselas, haya apostado por poder esgrimir en los encuentros con la Comisión Europea que, al menos, se está negociando este tema y no la derogación de ciertos aspectos de la anterior reforma, máxime teniendo en cuenta que la CE nunca ha visto con buenos ojos que se diese marcha atrás al conjunto de las medidas aprobadas en 2012 por Mariano Rajoy.
Pero el conflicto sobre qué temas abordar en primer lugar en la Mesa de Modernización del mercado laboral va más allá de las relaciones del Gobierno español con la Comisión Europea. La centrales sindicales no quieren ni oír hablar de un nuevo retraso en la derogación de las medidas consideradas más lesivas de la reforma de 2012. Por este motivo, los negociadores de CCOO y UGT que acudieron al Ministerio de Trabajo coincidieron en resaltar a eE que la nueva Mesa supone "recuperar la mesa de marzo del año pasado". Y matizan que "vamos a exigir que se dé continuidad a los temas que estábamos tratando".
Son tres los asuntos que quedaron pendientes de la anterior mesa de negociación cuando llegó la pandemia: acabar con la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, recuperar la ultraactividad de los convenios y la subcontratación.
"El Gobierno debe legislar"
Desde la CEOE no se han pronunciado públicamente sobre las preferencias a la hora de arrancar la negociación, aunque siempre se han mostrado reacios a tocar las medidas de la reforma de 2012. De hecho, hace un año se daba por seguro que los empresarios no firmarían un acuerdo que implicase una contrarreforma.
Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, conscientes de esta limitación han dicho en numerosas ocasiones que quieren dar una nueva oportunidad a la negociación, pero en caso de no ser posible un acuerdo en estas materias, el Gobierno debe legislar. Por este motivo, ambas sindicatos insisten en cerrar esta primera fase de negociación para luego abrir lo que se ha llamado "modernización del mercado laboral" que incluye, además de la reducción de la temporalidad, la reforma de los Ertes para reducir despidos en tiempos de crisis.
Reforzar la causalidad contractual
Moncloa remitió en enero un documento a Bruselas apuntando 17 reformas que se abordarán en materia laboral donde se cita como "deficiencia endémica" el recurso excesivo a la temporalidad. Proponen reducir los tipos de contratos (posiblemente hasta 3) y generalizar la contratación indefinida devolviendo la causalidad al contrato temporal. Igualmente hablan de introducir mecanismos de flexibilidad alternativos a la excesiva temporalidad y penalizar los contratos de muy corta duración (5 días).