Valencia
La Agencia Tributaria Valenciana, el organismo de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana encargado de combatir el fraude fiscal en los tributos competencia de la administración autonómica, pondrá el foco este año en los cambios de domicilio ficticios a otras regiones para pagar menos en Patrimonio y los posibles fraudes en las deducciones a la empresa familiar en Sucesiones y Donaciones.
La Agencia Tributaria Valenciana publicó este miércoles su Plan de Control Tributario para el año 2021 en el Diario Oficial. En él se destaca como principal prioridad en la lucha contra el fraude fiscal detectar los cambios de domicilios ficticios de contribuyentes a otras autonomías donde el Impuesto de Patrimonio resulta menos gravoso.
Entre las directrices que recoge el plan, señala que "se intensificarán las actuaciones tendentes a la detección de posibles deslocalizaciones, en especial por cambios del domicilio fiscal a otras comunidades autónomas que han aprobado importantes beneficios fiscales, sin que conste traslado efectivo de su residencia habitual".
La Agencia Valenciana Tributaria ya había dejado clara su intención de detectar la posible fuga de contribuyentes
Para llevar a la práctica este objetivo, plantea medidas como la verificación de la residencia efectiva y aumentar la coordinación tanto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) como con otras autonomías. También reforzará el control sobre las discrepancias entre el patrimonio declarado y el imputado, para lo que apunta que recurrirá a comprar los datos existentes en las bases de datos de la Generalitat y de la AEAT.
La Hacienda valenciana considera fundamental "la recuperación y consolidación de la capacidad contributiva del Impuesto sobre el Patrimonio, tributo cuya efectiva aplicación contribuye a asegurar un sistema tributario más justo y equitativo".
De hecho, en su informe del último ejercicio fiscal la Agencia Valenciana Tributaria ya había dejado clara su intención de concentrar recursos y esfuerzos para detectar la posible fuga de contribuyentes mediante esta artimaña. Frente a los 22 expedientes que el organismo tributario autonómico abrió entre 2017 y 2019 por estos posibles cambios de domicilio falsos, el organismo inició los procedimientos para investigar 38 posibles casos en 2020.
El punto de mira en este tipo de fraude coincide con la propia política fiscal auspiciada por el actual Gobierno de coalición de izquierdas que preside el socialista Ximo Puig y que acusa a otras autonomías como Madrid de realizar dumping fiscal por sus impuestos más reducidos, como en el caso de las bonificaciones de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones.
El plan también incluye "campañas de control intensivo" para detectar casos de personas físicas que transfieren patrimonio a sociedades para acogerse a los beneficios fiscales asociados a la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Una argucia que según el organismo fiscal también reduce el censo de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio en la región.
