La semana pasada varios economistas, entre los que se encontraba el francés Thomas Piketty, firmaron un manifiesto para que el Banco Central Europeo (BCE) cancelase la deuda pública que tiene en su poder de los diferentes países del euro. Haciendo un ejercicio de ciencia ficción y sin entrar a valorar esa propuesta, esta condonación quitaría mucho lastre de encima a los países europeos. En el caso de España, la deuda pública caería de un plumazo en 384.845 millones de euros, lo que rebajaría la deuda a mínimos casi de la última década.
En el manifiesto, estos académicos piden una cancelación completa de toda la deuda pública en manos (en el balance) del BCE a cambio de que utilizasen ese dinero para incrementar la inversión pública, que lleva años de capa caída. Aunque en el manifiesta se hablaba de 2,5 billones de euros, lo cierto es que el BCE tiene en su balance deuda pública por más de 3,2 billones de euros, sumando el programa de compras convencional (PSPP), que roza los 2,5 billones, y el de compras contra la pandemia (PEPP) que ya alcanza los 770.000 millones de euros en deuda pública. Esta propuesta va más allá de la sugerida por algunos miembros del Gobierno de Italia que pedían una cancelación de la deuda comprada bajo el PEPP.
Volviendo a España, el BCE tiene en su poder 384.845 millones de euros de deuda pública española (el 28% de toda la deuda pública en circulación según protocolo de déficit). Unos 294.000 millones corresponden al programa PSPP (Public Sector Purchase Programme), que lleva en marcha desde 2014, mientras que los 90.000 millones de euros restantes han sido adquiridos bajo el programa de compras contra la pandemia, que se puso en marcha en marzo de 2020, con la irrupción del covid-19 y la consecuente crisis económica.
Con ambos programas, por ejemplo, el BCE adquirió solo durante el año pasado 120.000 millones de euros en deuda española, impidiendo que los intereses de los bonos españoles subiesen (de hecho han bajado) pese a las grandes necesidades de financiación del Gobierno durante el año pasado.
En términos relativos (deuda sobre PIB) que son los más útiles para analizar la sostenibilidad de la deuda, el desplome sería de más de 30 puntos de PIB. Ahora mismo, con los datos de PIB publicado de 2020, la deuda pública se sitúa en el 117% del PIB, máximos desde 1902. Si el BCE cancelase la deuda pública que tiene en su balance, este ratio caería hasta el 82,87% del PIB, una cifra no vista desde 2012.
Aunque estos niveles serían mucho más manejables, aún estaríamos lejos del 60% de PIB que establecía en un principio el Tratado de Maastricht. No obstante, el consenso de los economistas cree que la deuda pública en los países desarrollado no es nociva para el crecimiento hasta que se supera ese umbral del 80% del PIB.
Por otro lado, aunque es cierto que ratio deuda sobre PIB (que tanto vigilan los inversores) se vería reducido de forma drástico, el pago neto por intereses no vararía demasiado o nada. Como señalaba Luis de Guindos, vicepresiente del BCE, esta condonación generaría dificultades para mantener el flujo de dividendos que el BCE paga a los tesoros nacionales. El banco central obtiene beneficios gracias al señoreaje y a los intereses que obtiene por la deuda comprada. Estos beneficios son en gran parte repartidos entre los países que han aportado el capital para crear el Banco Central Europeo. Aunque la deuda se cancele, el efecto a corto plazo sobre el pago de intereses que afrontan los gobiernos sería prácticamente nulo.
