El exministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha volcado en su nuevo papel como candidato del PSC a presidir la Generalitat de Cataluña dando especial importancia a las cuestiones económicas, y su discurso, sobre el papel, está pensado para gustar al ámbito empresarial, bajo el lema de tomar medidas para que Cataluña vuelva a ser motor de España, una posición que cedió en 2019 y todavía no ha recuperado al ser superada en PIB por la Comunidad de Madrid. Pero el efecto desaparece al entrar en detalles. Al escuchar sus propuestas y leer el programa del PSC para las elecciones autonómicas del 14 de febrero, aparece una fórmula para conseguirlo que no se basa en mejorar las políticas catalanas erróneas del pasado, sino en poner trabas a las ventajas competitivas que ha impulsado Madrid.
El ejemplo principal es su promesa de armonización fiscal entre autonomías para "frenar" la competencia tributaria y "evitar desigualdades y deslocalizaciones internas". Pero los planes socialistas no apuntan a una armonización a la baja si no al alza, a través de un suelo fiscal que obligue a cobrar un mínimo en todos los impuestos sobre los que las comunidades autónomas tienen competencias. Así, lo que en teoría es una propuesta para beneficiar al conjunto de autonomías, en la práctica veta las políticas impulsadas desde la región actualmente gobernada por Isabel Díaz Ayuso y mina los atractivos fiscales que han aupado a su economía en los últimos años.

Con ejemplos concretos, el programa del PSC aboga por acordar entre las autonomías y el Gobierno central "unos límites a la competencia fiscal a la baja en determinados impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio". Precisamente estas dos figuras contribuyen a que los catalanes sufran una de las presiones fiscales más elevadas de España, y la fórmula socialista pasa por potenciar todavía más su recaudación. Por contra, Illa no entra en propuestas para eliminar tributos propios catalanes, que los gobiernos de la Generalitat de los últimos años han elevado hasta una quincena, frente a los tres tributos propios de la Comunidad de Madrid hoy por hoy.
Hacienda federal
La apuesta del PSC es la de mejorar las finanzas de la Generalitat de Cataluña a través de la reforma del sistema de financiación, de forma que obtenga más recursos del Estado, desplegando al máximo el incremento de autonomía en la gestión tributaria que prevé el Estatut, e incluyendo la condonación de parte de la deuda autonómica, algo que puede traducirse en miles de millones, teniendo en cuenta que hace años que los mecanismos de liquidez estatales son la principal fuente de financiación de la administración catalana (a septiembre de 2020, suponían el 79,7% del total de deuda del perímetro contable de la administración catalana -Generalitat y organismos dependientes- y el 86,6% si se tiene en cuenta solo a la Generalitat).
Para el nuevo sistema de financiación autonómica también propone convergencia de recursos entre territorios, tengan régimen común o régimen foral, lo que supone mermar los beneficios forales.
Respecto a las quitas de deuda, no es una propuesta nueva de los socialistas, ya que ya figuraba en el programa de las elecciones autonómicas catalanas de 2017, con el que el entonces candidato del PSC, Miquel Iceta, se sumaba a las reivindicaciones de Ximo Puig desde la Comunidad Valenciana.
Y es que los socialistas catalanes plantean estudiar los mecanismos de gestión de la deuda y de los pagos a cuenta, incluyendo fórmulas de alivio de la deuda a partir de la condonación por parte del Estado de una parte de la deuda en el caso de aquellas comunidades autónomas "que hayan sido objetivamente peor tratadas" por el sistema de financiación autonómica actual -Comunidad Valenciana y Cataluña están en posiciones de cabeza en ese sentido según las balanzas fiscales entre lo que aportan y lo que reciben-, y una posible reestructuración en algunos casos.