El Gobierno afrontará los cambios en la reforma laboral aunque no se llegue a un acuerdo con la patronal. La puerta la abrió ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al matizar que el diálogo social "es un proceso, no un resultado" y que el Ejecutivo llevará a cabo las medidas que considere apropiadas aun sin consenso.
La ministra se expresó en estos términos durante un coloquio celebrado el jueves por la fundación Espacio Público. Si bien Díaz defendió el diálogo social como "la mejor herramienta para el impulso de políticas efectivas" y destacó que ha ayudado a alcanzar ya siete acuerdos -entre ellos los Erte y sus prórrogas- la ministra también recordó que "es un proceso, no un resultado, a través del que se garantiza la participación de los agentes sociales, sin derecho a veto.
En este sentido, Díaz indicó que "lo que tiene que garantizar el Gobierno es que exista diálogo social, pero sin derecho de veto, porque el veto no es diálogo" y apeló al cumplimiento del pacto de la coalición: "El acuerdo de Gobierno es muy claro y nos hemos presentado a una investidura con este acuerdo, por lo que hay una mayoría en la Cámara; además, estas propuestas las hemos remitido a Europa y tenemos un compromiso".
El primer ejemplo lo puso con la regulación de los 'riders' que está en proceso de discusión: "Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar", aseguró la ministra, que se mostró confiada en seguir la tendencia al acuerdo desarrollada hasta el momento aunque en ocasiones la patronal haya quedado al margen y se hayan cerrado acuerdos "bipartitos".
Antes de retomar la reforma laboral (sin plazos para ello todavía), habrá una reunión bilateral con sindicatos y patronal para sentar las bases de trabajo y el ritmo que se llevará. Sí recordó que la reforma se negociará en tres fases que pasan, primero, por corregir las medidas tomadas en 2012. En este punto, el Gobierno apuesta por poner fin a la prevalencia del convenio de empresa, retomando la ultraactividad de los convenios y por limitar el poder empresarial en las modificaciones de las condiciones laborales. En la segunda fase se atajará la temporalidad, a ojos del Gobierno, excesiva. Y la tercera y última se abordará la redacción de un nuevo estatuto de los trabajadores, "la gran obra" del Ministerio, según indicó.
El ambiente, de momento, está caldeado. A mediados de enero, CCOO y UGT anunciaron movilizaciones para el 11 de febrero para exigir al Gobierno, entre otras cosas, la derogación de la reforma laboral, según ellos paralizada por la actitud del Gobierno de "no perturbar" a la CEOE.
En el mismo encuentro que Díaz, los líderes sindicales aprovecharon para recordar que Ejecutivo tiene la obligación de legislar y para reivindicar la derogación de la reforma laborar "mirando a 2021". Así se expresó Unai Sordo, secretario general de CCOO, al indicar que "preferencia por el acuerdo, toda, pero si no lo hay, el Gobierno tiene que ejecutar, que para eso es el Poder Ejecutivo".
Menos optimista que la ministra se mostró Pepe Álvarez (UGT) al reconocer que "la negociación no va a ser nada fácil, porque con unas declaraciones o con otras vemos que cada día surgen nuevos inconvenientes, que se ponen palos en las ruedas". Y es que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, considera que "no toca" cambiar la reforma laboral y que, de hacerlo, provocará "una hecatombe en la confianza".
