El culebrón entre el Gobierno central y los ayuntamientos amenaza con prolongarse ante la negativa por el momento de Hacienda a incluir en el nuevo decreto que prepara para la financiación municipal tras los efectos del covid-19 los 5.000 millones a fondo perdido que en un primer momento prometió a los consistorios con el aval de una divida FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
Para seguir la pista de estos 5.000 millones que ahora se quedan en el aire, hay que retrotraerse a inicios de agosto y al acuerdo que alcanzó la FEMP con el Ejecutivo gracias al 'voto de calidad' del socialista Abel Cabellero, alcalde de Vigo y presidente de la entidad. En ese pacto se contemplaba que aquellos ayuntamientos que tuvieran remanentes se los cederían a la Administración central y recibirían a cambio 5.000 millones a fondo perdido además de la devolución de los citados remanentes en forma de préstamo en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022.
Como el acuerdo tenía que materializarse en un decreto ley pasando el filtro del Congreso y Hacienda se temía lo peor, la ministra María Jesús Montero ajustó el texto antes de la votación para que esos 5.000 millones a fondo perdido no fueran a parar solo a consistorios con ahorros y también recayeran en parte en ayuntamientos con menos colchón. Esta concesión de última hora, consistente en que hasta un 60% de esos 5.000 millones -3.000 millones- se repartiesen según la población y no según el estado de tesorería de las localidades, sirvió para apaciguar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y atar el voto de Unidas Podemos, pero no fue suficiente para convencer al resto de partidos y el grueso de grupos de la Cámara propinó al Gobierno de coalición su primera gran derrota parlamentaria.
Giro de Montero
Tras este varapalo, el departamento de Montero aseguró que no había alternativa y que era inviable hacer una nueva propuesta. Sin embargo, a los pocos días, la propia ministra adelantaba en televisión que preparaba un nuevo decreto ley para contentar a todas las partes. Este nuevo texto recoge la suspensión de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad para las entidades locales en 2020 y prorroga el uso del superávit de las entidades locales en 2019 para inversiones financieramente sostenibles. En lo que no entra el decreto es en el tema de los remanentes, al constatar Hacienda la falta de acuerdo entre los partidos. Se deja fuera el asunto mollar de la disputa: los más de 15.000 millones guardados en bancos que los consistorios no pueden usar.
Este nuevo paquete de medidas, con algunas otras iniciativas adicionales, tiene un impacto positivo de 3.000 millones para los ayuntamientos, según ha defendido el Gobierno. Aunque el decreto fue en un primer momento bien acogido por los consistorios, la ausencia en el mismo de esos 5.000 millones a fondo perdido prometidos previamente ha vuelta a soliviantar a las entidades locales. De la misma manera, los ayuntamientos echan en falta en la nueva propuesta el fondo para ayudas al transporte que en el acuerdo inicial con la FEMP se elevaba a 275 millones ampliables a 400.
Desde diferentes sectores del poder municipal se mantiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería incorporar ese fondo de 5.000 millones para los entes locales emulando al fondo de 16.000 millones de euros destinado a que las comunidades autónomas combatieran el coronavirus. Alcaldes de 30 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza ya reclamaron a Sánchez a principios de septiembre un fondo estatal incondicionado con esos 5.000 millones.
Una muestra del descontento en la oposición se ha visto este lunes en el País Vasco. El presidente del Grupo parlamentario PP-Cs, Carlos Iturgaiz, ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento Vasco en la que pide que el Gobierno central "cumpla lo acordado" en la FEMP y cree el fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas a entidades locales. En la iniciativa, Iturgaiz recuerda que las peticiones de la FEMP "no han sido atendidas por el Gobierno de España" que en marzo, según afirma, "estudiaba ya confiscar el superávit generado en 2019 por las entidades locales".
