La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Gobierno va a suspender a través de un nuevo real decreto ley la regla de gasto que frena que los ayuntamientos disparen sus gastos e inversiones pese a tener superávit. La titular de Hacienda ha trasladado este compromiso en una entrevista en laSexta días después de que el Congreso tumbara su decreto sobre los remanentes de los consistorios.
En sus declaraciones, Montero ha explicado que esta suspensión es de cara a 2020 y que el Ejecutivo trabaja para que pueda darse también en 2021. "La ciudadanía va a poder disponer de mayores recursos. Los problemas de los ciudadanos son nuestros problemas", ha defendido la ministra al informar de la medida.
"A pesar de que los grupos parlamentarios no convalidaron el real decreto ley", ha subrayado Montero, "vamos a adelantar una propuesta, previa confirmación con todos los grupos políticos". La socialista ha detallado que la intención del Ejecutivo es "impulsar un decreto ley que permita que el 85% de las medidas que contaban con un amplísimo consenso de esta norma podamos volver a presentarlo y en paralelo se vaya discutiendo con el fondo de la cuestión, que tiene que ver con fondos y remanentes".
El Gobierno de Pedro Sánchez reconsidera ahora su postura de no sacar un nuevo decreto tras el jarro de agua frío sufrido la semana pasada en la Cámara Baja, cuando solo PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe votaron a favor del impulsado anteriormente, suponiendo el resultado de la votación la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de coalición. La medida contemplaba que los entes locales pudieran paliar los efectos de la crisis del covid-19 utilizando 5.000 millones de sus remanentes a cambio de prestar al Estado el resto de sus superávits acumulados.
Desde el departamento de Montero se expresaban en los últimos días dudas respecto a proponer un nuevo decreto y además se recalcaba que la suspensión de la regla de gasto ya se incluía en el real decreto rechazado. Para promover dicha suspensión, el texto tumbado se acogía a la cláusula que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla y que permite desactivar las reglas fiscales en situaciones excepcionales como la actual pandemia de coronavirus.
Un impacto de 3.000 millones
Según ha explicado Hacienda en un comunicado, este nuevo texto normativo tendrá un impacto que superará los 3.000 millones de euros. El decreto incluirá prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.
La nueva norma no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que, según Hacienda, "ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso". "El Ministerio de Hacienda lamenta que la propuesta pactada con la FEMP y que suponía poner solución a un problema estructural y complejo como es el uso de los remanentes de tesorería no haya tenido el respaldo del Congreso", remacha el departamento de Montero.
Por tanto, la suspensión de la regla de gasto para 2020 permitirá a los consistorios gastar más en este ejercicio, pero no permite hacer uso del remanente, ya que, al no tener un ingreso equivalente en el ejercicio actual, supondría incurrir en déficit, algo que el artículo 135 de la Constitución prohíbe a los ayuntamientos.
Almeida: "Va en la buena dirección, sin duda"
La primera valoración desde la oposición ha llegado de la mano del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien ha asegurado que la decisión "va en la buena dirección, sin duda". Almeida ha defendido que lo realmente útil sería suspender la regla de gasto en 2021, el que se avecina como "el peor año de crisis".
"Si fuera para 2021 sería una muy buena noticia y un paso adelante del Ministerio de Hacienda en la negociación. Creo que si fuera para 2021 el Ministerio de Hacienda habría entendido una de nuestras principales reivindicaciones, que para 2020 es útil pero donde va a ser realmente útil va a ser en 2021, que va a ser el peor año, en principio, de la crisis", ha contestado a la prensa.
El artículo 135
El artículo 135.2 de la Constitución fija que "las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario", lo que impide que los ayuntamientos puedan hacer uso del remanente acumulado en ejercicios anteriores para hacer frente a la situación de crisis del covid-19, ya que, al no contar con una partida de ingreso equivalente, de hacerlo romperían el equilibrio presupuestario e incurrirían en déficit.
Ante esta limitación, el Ministerio de Hacienda liderado por Montero llegó a un acuerdo con la FEMP por el que los ayuntamientos que voluntariamente prestasen su remanente a la administración central recibirían un total de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021, mientras que el resto sería devuelto en un plazo de entre 10 y 15 años.
División desde el debate en la FEMP
La propuesta, sin embargo, fue aprobada con una gran división en la FEMP, ya que, de los 25 miembros de su junta de gobierno, sólo los 12 alcaldes del PSOE votaron a favor, frente al voto negativo de los 12 alcaldes sumados por PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos y la abstención del representante de Unidas Podemos, siendo resuelto el empate por el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo. Esta división fue la antesala de la derogación del real decreto la semana pasada en el Congreso, devolviendo la cuestión a la casilla de salida.
Voces como la del anterior ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, impulsor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, apuntan a que la fórmula del préstamo ideada inicialmente por Hacienda no es necesaria y que, de la misma manera que ha hecho la Unión Europea acogiéndose a la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha anulado las reglas fiscales, bastaría con aplicar la cláusula de excepcionalidad con la que cuenta la ley para situaciones como la actual, suspendiendo la aplicación de la regla de gasto sobre los ayuntamientos, informa Servimedia.
