La subida salarial del 2% comprometida por el Gobierno a comienzos del año, en las primeras semanas de legislatura, para los funcionarios ya es un espejismo en Extremadura y Baleares, que acaban de suspenderla sine die, y amenaza con reproducirse en otras regiones del territorio nacional tras el impacto de la pandemia, que ha secado las arcas públicas tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Por el momento, los gobiernos socialistas de estas dos autonomías ya han comunicado a los empleados dependientes de su administración que no se aplicará este año el incremento salarial prometido.
Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la primera entrevista concedida a los medios tras el final del estado de alarma que no se tocaría el sueldo de los trabajadores públicos como vía para reducir los gastos de la Administración, y sin embargo son dos barones de su partido los primeros en meter la tijera a las nóminas de los funcionarios argumentando una incapacidad financiera causada por la crisis sanitaria. Sánchez aseguraba hace escasas semanas que no tiene intención de bajar las pensiones de jubilación -también en el foco del ajuste presupuestario al suponer una partida de gasto que asciende al 10,7% del PIB-, sino "al contrario", y que tampoco entra dentro de sus previsiones recortar los sueldos de los funcionarios. Aunque en este caso, como ya está ocurriendo, no depende en la totalidad de la administración central, sino que queda al albur, para los empleados autonómicos, de las decisiones de los gobiernos regionales.
Por el momento, según el anuncio de estos gobiernos autonómicos, 45.000 funcionarios extremeños y otros 35.000 baleares verán congelada su nómina este año al no efectuarse el incremento del 2%. Desde el sindicato CSIF recuerdan además que el conjunto de empleados públicos arrastra el recorte salarial de entre el 5% y el 10% que se ejecutó en 2010 por el entonces Gobierno socialista y sigue sufriendo los efectos de una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9%.
"La subida se hará cuando podamos y se hará previa negociación con los representantes de los trabajadores", aseguraba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras adoptar la decisión, asegurando que "han caído de forma brutal los ingresos, a la vez que los gastos han crecido de forma exponencial" a causa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia. Por su parte, el Govern balear justificó esta congelación de los sueldos por la necesidad de contratar a más empleados públicos en sanidad y educación para hacer frente a las necesidades de la pandemia.
En este sentido, si se plantease la anulación del aumento salarial del 2% que se aplicó desde el 1 enero de este año a los casi tres millones de empleados públicos, supondría un ahorro de más de 3.000 millones de euros para las arcas públicas. Sin embargo, parece que no se producirá tal extremo, ya que sin ir más lejos el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró recientemente preguntado por esta cuestión que "no tengo planes de tomar decisiones que tomé en legislaturas anteriores debido a necesidades económicas".
Desde CSIF denuncian en este sentido que los empleados públicos han estado en primera línea y, en particular, el personal de la Sanidad de todo el país, han afrontado el Covid-19 en unas condiciones lamentables y con una gran carga de trabajo, por lo que "es inaceptable que el premio a su esfuerzo sean nuevos recortes y un deterioro en sus condiciones económicas y laborales". Y añaden que las reformas que impulse España deben encaminarse a la mejora de nuestro sistema productivo, pero no a deteriorar las condiciones de los empleados tanto públicos como los del sector privado.
Conservan poder adquisitivo
No en vano, al margen del agravio para estos funcionarios, será una congelación que no implicará de manera automática un empobrecimiento de estos trabajadores ya que al menos mantendrán su poder adquisitivo. Con una inflación por los suelos, en tasa negativa, y que se espera finalice el año en el entorno del -1%, los empleados públicos no perderán poder de compra.
En este sentido, cabe recordar que el Ministerio de Hacienda tampoco prevé aplicar en este año la mejora salarial adicional comprometida para unos 40.000 empleados públicos que son personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) y la vincula a los Presupuestos Generales de 2021.
Ángel Espada, miembro de la comisión paritaria que aborda el IV Convenio Único del personal laboral de la AGE, aseguraba recientemente que desde el departamento de costes del Ministerio de Hacienda se ha concluido que no es posible aplicar la subida salarial comprometida desde el año pasado para dicho colectivo, porque siguen vigentes los presupuestos de 2018 y en estas cuentas no hay consignada una partida que se pueda destinar a ello. Una situación que afecta a unos 40.000 trabajadores y la subida podría alcanzar en algunos casos los 600 euros anuales, según los cálculos del sindicato.
Con todo ello, entre los planes del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no se advierte ninguna medida que aplique un ajuste presupuestario de cara al próximo ejercicio en términos de gasto público, sino todo lo contrario, porque en el plan enviado a Bruselas el coste laboral de los funcionarios, lejos de disminuir, arroja un incremento de un 6%, hasta 142.000 millones, lo que supone 8.000 millones más que en 2019, el mayor aumento en los últimos diez años.
Más allá, el Gobierno se comprometió a rebajar la tasa de temporalidad del 23% al 8% en 2020. Pero la parálisis e inestabilidad política de los últimos años, así como la falta de eficacia de las diferentes administraciones, ha provocado que la temporalidad se sitúe en la cifra récord del 27,8% (cifras EPA). Además, según CSIF, el 64% de las ofertas de empleo público aprobadas desde 2017 están sin ejecutar.
