El Gobierno dio un paso, podría decirse que de gigante, en busca del acuerdo con empresarios y sindicatos para la renovación de los Ertes. Aumentó las exoneraciones a la Seguridad Social que ha venido proponiendo la última semana. Así, ofrece a los agentes sociales que las empresas de menos de 50 trabajadores se ahorren un 40% de las cuotas para los trabajadores que continúan en el Erte sin trabajar y el 65% para aquellos que ya se han incorporado. En las de más de 50 trabajadores, los porcentajes se reducen al 30% para los que continúan en el desempleo temporal y un 45% para los que han vuelto a la actividad. Fuentes cercanas al Gobierno dan por seguro el acuerdo que podría anunciarse a lo largo de este miércoles. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya adelantó en una entrevista en Telecinco que el acuerdo "está cerca".
Además, la propuesta del Gobierno supone que estos porcentajes se mantendrán durante los tres próximos meses -julio agosto y septiembre- frente a su intención anterior de ir reduciendo las exoneraciones cada mes. Este es un punto que ha sido muy valorado por los agentes sociales y que acerca el acuerdo.
La última propuesta del Gobierno supone, pues, acabar con la reducción mensual de los beneficios cada mes que venía proponiendo hasta ahora, como se puede apreciar en el cuadro. Presentó un borrador de RDL durante la reunión, pero no aparecían el porcentaje de las exoneraciones que se anunció de palabra. El martes por la mañana, Trabajo remitía el borrador explicitando los porcentajes.
Pero lo que ya parece claro es que, a partir del 1 de julio desparecerán los Ertes de fuerza mayor totales, es decir, con todos sus empleados cobrando del Sepe, lo que supone que a partir de ese día todos ellos pasarán a ser parciales y, por tanto, con algún empleado reincorporado a la actividad.
El pacto no se cerró antes porque empresarios y sindicatos, especialmente UGT, siguen sin entender que se castigue a las empresas por los empleados que no se han incorporado a su actividad y argumentan que sólo vuelven al trabajo cuando hay suficiente demanda, y no motivados por una menor cotización. Si los ingresos no compensan el salario del trabajador, no tiene sentido que vuelva al tajo, defienden los negociadores.
Poco recorrido
En cualquier caso, la negociación de los Ertes no tiene mucho más recorrido, según reconocen los negociadores que señalan claramente a un acuerdo sobre la base del proyecto de RDL. Por este motivo, los órganos directivos de las organizaciones empresariales –CEOE y Cepyme- y de los sindicatos –UGT y CCOO- analizarán la propuesta del Gobierno y decidirán si tiene la suficiente entidad para que sea ratificada. Formalmente, el miércoles hay una nueva reunión de la Comisión Tripartita, a primera hora de la mañana, para dar a conocer sus posición. Fuentes conocedoras de la negociación hablan de flecos sobre la última propuesta.
En definitiva, los agentes sociales ya no se esperan cambios de estrategia por parte del Gobierno, es decir, se seguirá incentivando los trabajadores que han regresado al empleo frente a los que se quedan en Erte. Sin embargo, el aumento de las exoneraciones para los trabajadores que siguen en Erte es suficientemente atractivo para que se rubrique un acuerdo.
En principio, desde CCOO han dicho públicamente que la propuesta es suficiente para cerrar un acuerdo, y desde UGT y la CEOE-Cepyme valoran los avances y entiende que no hay mucho más que rascar al Gobierno. Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo no dan por cerrada la negociación en un acto, que más parece cortesía.
Aprobarse el viernes
Por tanto, se da por hecho que el Gobierno convocará un Consejo de Ministros extraordinario el viernes para aprobar los nuevos Ertes. Las dudas estarían en si el jueves habrá foto de firma de acuerdo, como en mayo. Ese día, la CEOE tiene su Asamblea anual, que durará toda la mañana.
Calviño y Escrivá
En cualquier caso, los agentes sociales no abandonan su esperanza de que el Gobierno abandone su tesis de premiar a las empresas con los trabajadores que se reincorporen. Una idea que defiende el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y muy especialmente la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que consideran que la discriminación positiva a favor de los trabajadores en actividad servirá de acicate para que las empresas vayan reincorporando a sus plantillas y no opten por posiciones económicamente conservadoras.
Fin de la Comisión Tripartita
Otro punto de fricción es la intención del Gobierno de dar por zanjado el 30 de septiembre el tema de los Ertes. A partir de ese día, ya habrán desaparecido los Ertes de fuerza mayor parcial (los totales se agotan este 30 de junio, pues no serán prorrogados) y tendrán que ir sustituyéndose por Ertes objetivos (Etop). Sin embargo, el Ejecutivo ya aceptó la semana pasada que estos Etop disfruten durante estos tres meses de verano de las mismas exoneraciones que los de fuerza mayor parcial cuyas exoneraciones está dispuesto a aumentar.
Después del 30 de septiembre
¿La cuestión es que pasará el 1 de octubre? El Gobierno quiere liquidar para esas fechas la Comisión Tripartita donde se está negociando la continuidad de los Ertes. Quizá así, evite que los agentes sociales sigan pidiendo que los Ertes de fuerza mayor o los Etop sin exoneraciones se alarguen hasta final de año. Los agentes sociales siguen manteniendo la tesis de que esta herramienta laboral debe estar en funcionamiento hasta que la actividad se recupere por completo.
A cambio, el Ministerio propone crear sustituir la Comisión Tripartita por una Mesa de negociación para la recuperación del Empleo afectado por los Ertes, según se recoge en la disposición adicional tercera del borrador del RDL que el Gobierno propuso en la mesa de negociación. Pero los agentes sociales entienden que esta mesa excede el ámbito del acuerdo de los Ertes, que debe centrarse exclusivamente en la continuidad de los Ertes.
Además, fuentes de los negociadores apuntan que la mesa de la Recuperación por el Empleo ha de elevarse de nivel, en el que estén presentes los presidentes de la CEOE y Cepyme y los secretarios generales de CCOO y UGT, pues se trata de un compromiso que adquirió el presidente de Gobierno con los líderes de la cuatro organizaciones. Sánchez ofreció la creación de una mesa de Reconstrucción con los agentes sociales paralela a la Comisión de ámbito político que se ha desarrollado en el seno del Congreso.