Madrid
La puesta en marcha del ingreso mínimo vital podría arrojar algunas sombras por su impacto en el mercado laboral, principalmente en los sectores más precarios, con unos trabajos de baja cualificación y unas remuneraciones que, a raíz de la elevada parcialidad, en muchas ocasiones se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional.
Concretamente, el efecto de que la prestación pueda incrementar la informalidad en estas áreas de actividad supone que si estas personas dejasen de trabajar en condiciones de legalidad con su alta a la Seguridad Social la tasa de paro se incrementaría de golpe un 5% como producto de esta huida del empleo legal para poder reunir las condiciones de acceso al ingreso mínimo vital. Concretamente, este desestímulo para el empleo formal expulsaría del mercado a entre 1,7 millones y 2,5 millones de ocupados que perciben las remuneraciones más reducidas en nuestro país.
1. Empleo informal
En este sentido, según los cálculos de los expertos consultados por elEconomista, este efecto desincentivador de la búsqueda de empleo recaería sobre todo en los salarios más bajos, donde el efecto de la parcialidad y la temporalidad de los contratos otorga menos ingresos mensuales a los empleados, a veces insuficientes para mantener un nivel de vida adecuado, más aún cuando existen cargas familiares. "Este desestímulo se focaliza en trabajadores que están en el 10% o menos de los salarios más bajos en España (obviamente, son la mayoría trabajadores a tiempo parcial, ya que un trabajador a tiempo completo tiene un salario mínimo de 950 euros mensuales)", comienza explicando el experto y economista, Javier Santacruz sobre el efecto de la medida.
Estos trabajadores son, según datos de la Agencia Tributaria, hasta 1,7 millones de trabajadores en nuestro país. Sin embargo, en el peor de los escenarios advierten los expertos que el desestímulo podría alcanzar a un 20% de estos trabajadores con los sueldos más precarios, lo que llevaría a 2,5 millones de ocupados a forzar la salida del mercado para poder cobrar el ingreso mínimo vital.
En este sentido Santacruz explica que dividiendo el número de potenciales salidas del mercado laboral entre la actual población activa, resultaría un incremento del desempleo de 5 puntos (estructural al desaparecer los incentivos a la búsqueda de un empleo mejor remunerado si pueden vivir así).
2. Fraude fiscal
Pero además, este incremento del desempleo general por abandono del mercado laboral o tránsito al empleo informal supone directamente una proliferación de la economía sumergida en las regiones con mayor representatividad de estos sectores. Es el caso de la agricultura de temporada, las empleadas del hogar, los cuidadores y cuidadores de personas dependientes, siendo sectores donde la altísima parcialidad conforma un caldo de cultivo propicio para el fraude laboral. Ya que parte de esos ingresos, los que proceden de rentas salariales pasan a un circuito de dinero no declarado a la administración.
"Cualquier ingreso legal es compatible con cualquier ingreso ilegal abonado en efectivo porque el Estado tiene muy difícil comprobar y demostrar su existencia, salvo casos puntuales", apunta a este respecto el profesor de finanzas, Juan Fernando Robles, reconociendo la dificultad de llevar a cabo controles impolutos de estas prestaciones.
"El ingreso mínimo incentiva el trabajo en B y va a poner difícil cubrir trabajos en condiciones regulares cuando los salarios sean bajos. Además, hay actividades informales e incluso ilegales que se seguirán realizando y las cuales supondrán los ingresos principales, siendo la renta mínima un complemento muy conveniente" advierte subrayando que va a suponer que ciertos colectivos pasen en mayor proporción a la economía sumergida.
"El Estado tiene muy difícil comprobar y demostrar la existencia de ingresos ilegales"
Cabe recordar en este punto, que el posible efecto contraproducente que pueda tener la aprobación del nuevo ingreso mínimo vital ha sido unos de los principales cuestionamientos que ha tenido que aplacar el Gobierno en los últimos días, tras la publicación de la norma en el BOE. Sin ir más lejos, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, autor de la medida, ha explicado reiteradamente que existe todo un armazón que envuelve a la prestación que servirá para evitar estas situaciones de fraude, que parece descontar se producirán en alguna medida. "Es como decir que vamos a dejar de pagar impuestos todos los ciudadanos porque hay defraudadores", argumenta.
Entre estas medidas estaría un primer conocimiento de base mucho más detallado que el que se ha obtenido para otras ayudas sobre los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo a partir del cruce de datos de la Agencia Tributaria con la Seguridad Social. A lo que habría que sumar la incorporación a las bases de datos de la Administración Central de los perfiles y situación de los actuales beneficiarios de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Además de la colaboración con todos los subniveles territoriales para poder atender con mayor cercanías los casos de hogares que estén percibiendo la ayuda -con el objetivo de hacer un seguimiento y controlar que se siguen reuniendo los requisitos para cobrarla, así como para la evaluación de las nuevas solicitudes.
3. Gasto público
De este modo, también surgen las dudas sobre la conveniencia, e incluso viabilidad, de un gasto que el Ministerio de Seguridad Social ha cifrado en 3.000 millones de euros anuales. Eso sí, debido al diseño de la medida, el pago de la ayuda no repercutirá en un mayor déficit presupuestario para la Seguridad Social, el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, que no en vano acumulará un desfase de en torno a los 60.000 millones de euros, un 5% del PIB, según cálculos de la AIReF con motivo de los desembolsos realizados en ayudas para los trabajadores y empresarios afectados por la crisis sanitaria. Como refleja el BOE, la ayuda se financiará a través de préstamos del Estado a la Seguridad Social, es decir, con Presupuestos y vía impuestos.
Sin embargo, al computar como pasivo del Estado sí que incrementará los niveles de déficit público general de las Administraciones: sin ir más lejos AIReF ha revisado en dos décimas su previsión de déficit para este año, elevándolo hasta el 14% del PIB en el peor de los escenarios posibles, por la puesta en marcha del nuevo ingreso mínimo
4. Rentas vitalicias
Precisamente, el uno de los elementos que más cuestiona las previsiones de gasto y de incertidumbre sobre el funcionamiento de la medida es el hecho de que se pueda cobrar la ayuda con carácter vitalicio siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso establecidos para el ingreso mínimo. Ya que además tampoco se han fijado los criterios de seguimiento.
5. Clientelismo
Así, desde las críticas vertidas por la oposición, acusan al Gobierno de establecer nuevos lazos de dependencia de las personas más vulnerables y en situaciones de pobreza extrema con el Gobierno que sostiene los mínimos vitales a través de una prestación. Cabe recordar que la ayuda llegará previsiblemente a 850.000 hogares en España y cubrirá a 2,3 millones de personas, un tercio de ellos menores de edad.
