Economía

Escrivá pone en marcha la Tarjeta Social Digital para combatir el fraude y mejorar el Sistema

  • La herramienta ayudará a la coordinación de la políticas de protección social
  • Esta Tarjeta Social Digital incluirá información actualizada de todas las ayudas
El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Foto: Efe
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A la entrada en escena del ingreso mínimo vital, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado lunes 1 de junio, hay que sumarle la implementación por parte del ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, la propuesta de creación de la "Tarjeta Social", con la que se pretende gestionar de manera más eficaz las prestaciones públicas del Estado a las que se suma ahora el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV).

De esta forma, la implementación de esta herramienta, pretende "mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas", recoge el BOE.

Según la información publicada en el documento, la creación de esta "Tarjeta Social Digital" se destinará a gestionar los datos de las diferentes prestaciones y de su aplicación, para con los beneficiarios, de forma automatizada.

Del mismo modo, servirá para facilitar el reconocimiento y supervisión de las ayudas, así como el acceso y consulta a las diferentes entidades que gestionan algún tipo de prestación de carácter público integrado en el Sistema. 

La Tarjeta Social Digital incluirá información actualizada referente a todas las prestaciones sociales de contenido económico, como el Ingreso Mínimo Vital, financiadas con cargo a recursos de carácter público, y además recogerá "información actualizada correspondiente a los datos identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento". En base a dicha información, ofrecerá funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones públicas y a los ciudadanos.

Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas, tendrán acceso total a la información de la tarjeta. Asimismo, el ciudadano tendrá acceso a toda la información registrada sobre su persona.

A partir de su puesta en funcionamiento, quedará integrado en la Tarjeta Social Digital el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, regulado por el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.

Estudiar el fraude

Otra de las funcionalidades previstas para con la creación de esta herramienta es el control de los usos fraudulentos cometidos por los ciudadanos, como el acceso a prestaciones que no les correspondan o beneficiarse ya sea de forma directa, como cobrador del IMV, como indirecta, como pieza necesaria (familiares) de una mejor ayuda social.

Las sanciones para las personas que defrauden con el ingreso mínimo irán desde el apercibimiento del infractor, en el caso de las infracciones leves, hasta la pérdida de la prestación y el reintegro de la misma, en caso de infracciones muy graves, según se desprende del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo.

Así, las infracciones leves, que consisten en no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, serán sancionadas con el apercibimiento del infractor.

Del mismo modo, si la persona falsea sus ingresos o patrimonio u oculta cambios sustanciales que podrían dar lugar al acceso indebido de la prestación, además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas, el sujeto infractor no podrá volver a ser beneficiario durante dos años. Se establecen supuestos de mayor gravedad en los que el Instituto Nacional de Seguridad Social podría decretar la suspensión del cobro por hasta cinco años.

Asimismo, según palabras de Escrivá, "los que trabajan en la economía sumergida no deberían solicitar esa prestación. Quien quiera pedir una prestación va a tener que declarar y eso empuja a la formalización. Se añade la figura del cooperador necesario, si existiese un potencial empleador que propicie rentas que no están declaradas, las penalizaciones se extenderían no solo al beneficiario sino al cooperador", declaró el ministro en una entrevista en COPE.

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