El nuevo ingreso mínimo vital recibió esta semana la aprobación del Congreso y todo está listo para que su primer desembolso llegue a partir del próximo día 21. Sale así adelante un nuevo subsidio estatal sin que se resuelvan sus numerosos puntos negros, muchos evidentes desde antes de la discusión parlamentaria.
Es el caso de la invasión de competencias autonómicas, por el afán del vicepresidente Iglesias de que la nueva ayuda se vincule directamente a su gestión. También está ya calculado el esfuerzo extra, 3.000 millones anuales, que deberá hacer la Administración central en un momento de máxima tensión para la deuda y el déficit públicos. Otros perjuicios, sin embargo, se manifestarán en el inmediato futuro. Es el caso del incremento de hasta cinco puntos en la tasa de desempleo estructural que los expertos consultados por elEconomista prevén. Ya antes de la entrada en vigor del ingreso mínimo, se observa un desincentivo de la búsqueda de trabajo en la agricultura o las empleadas del hogar.
El diseño de este nuevo subsidio es un perfecto caldo de cultivo para los abusos y el avance de la economía sumergida
Es previsible que el fenómeno vaya a más, por culpa de la deficiencia de supervisión en el diseño de la renta vital. No en vano los ayuntamientos tendrán que asumir una gestión nueva para ellos, ya que hasta ahora estas ayudas eran potestad de las autonomías. Además, el subsidio está exento de caducidad, lo que implica que sus perceptores carecen de la obligación de someterse a controles periódicos. Y aún más grave es la ausencia de parámetros claros que permitan medir la proactividad a la hora de buscar empleos de los beneficiarios, y penalizarlos en caso de rechazo sistemático de ofertas de empleo. Se da así el perfecto caldo de cultivo para los abusos y el avance de la economía sumergida.
