Economía

Sanidad descarta imponer aforos en el comercio tras la desescalada

  • Illa abre la puerta a que las CCAA sí puedan imponer limitaciones
  • El Gobierno se reserva la competencia de volver a inmovilizar otra vez al país
  • La nueva normalización se prolongará hasta que no se descubra una vacuna
María Jesús Montero y Salvador Illa, este martes en la sala de prensa de Moncloa.

Un pequeño respiro para el comercio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció ayer que, según el decreto del Gobierno para regular la nueva normalidad, se deberá mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, descartando la imposición de aforos en los establecimientos comerciales. No obstante, Illa sí dejó la puerta abierta a que las comunidades autónomas puedan precisar limitaciones en el caso de que lo consideren necesario.

La eliminación de los aforos ha sido uno de los caballos de batalla, tanto del comercio como de la hostelería, desde que se inicio el proceso de desescalada. Tanto unos como otros han defendido, en todo momento, el establecimiento en su lugar de distancias de seguridad, tal y como se ha hecho en otros países, pero hasta ahora el Gobierno se ha mantenido siempre firme al respecto.

El pequeño comercio denunció este martes que tras la apertura de las grandes superficies se está produciendo un adelanto masivo de las rebajas

En el caso del comercio se da, además, un problema añadido, y es que tras meses sin prácticamente facturar nada, el sector se enfrenta ahora a unas rebajas que pueden ser más agresivas que nunca y sin ningún control. El pequeño comercio, de hecho, denunció este martes que tras la apertura de las grandes superficies en toda España se está produciendo un adelanto masivo de las rebajas y "una guerra de precios salvaje", que amenaza con hundir su ya maltrecha situación financiera.

La Confederación Española de Comercio (CEC), solicita una regularización y clarificación del concepto de las rebajas, que permita recuperar el impacto positivo de las mismas y generar una mayor seguridad en los consumidores, siguiendo el ejemplo de países de nuestro entorno, como Francia e Italia.

La hora de los territorios

El borrador del RDL que se dio a conocer tras el Consejo de Ministros, y cuyo nombre responde a Medidas Urgentes de Contención, Prevención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, concede el poder de decisión, y por tanto la responsabilidad, a las CCAA en todas las materias, salvo en la libre circulación de ciudadanos, una competencia que se reserva el Estado.

Más allá de este epígrafe importante, por el cual el Ejecutivo podría volver a confinar a los españoles si no se dieran las condiciones de seguridad, amén del uso obligatorio de la mascarillas en lugares públicos -en su defecto se impondrá una multa de 100 euros-, de la aconsejable distancia de seguridad de metro y medio mínimo, y de la costumbre del lavado de manos y de la higienización de lugares y centros, a partir del 21 de junio, los ciudadanos podrán desplazarse sin restricción alguna.

La nueva normalidad, sin calendario final en el horizonte -al menos hasta que no se encuentre una vacuna, o hasta que las autoridades sanitarias estimen que ya no hay riesgo con el virus-, exige a las CCAA planes de contingencia, tanto para su Sanidad como para las residencias de mayores o los centros para discapacitados.

Las CCAA deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad

El RDL -que habrá de ser votado por el Congreso, aunque ya cuenta con el apoyo del PNV y Ciudadanos (que en esta pata del Plan B le ha arrancado al Gobierno que la distancia social sea de 1,5 metros y no de 2), mientras Carmen Calvo negocia con ERC- establece que serán las comunidades autónomas las que deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores con los recursos sanitarios del Sistema de Salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen en la nueva normalidad.

En este Real Decreto Ley, las CCAA deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica. También introduce el deber de las comunidades de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

En materia de Transportes, el decreto exigirá a los operadores que de los asientos preasignados que discurran por más de una provincia conserven información de contacto de los pasajeros un mínimo de cuatro semanas y ponerlo a disposición de las autoridades de salud pública si lo requieren, con la intención de realizar una trazabilidad.

En materia laboral, el decreto promueve el teletrabajo, o la presencia por turnos de los trabajadores. Asimismo, el Gobierno afirma que las medidas sociales decaerán con la alarma, salvo la renta mínima, "que ha venido para quedarse" y, otra posible prórroga de los Ertes, lo que aún se está negociando.

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