Los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados negaron este lunes a eE que el Gobierno haya pactado o incluso hablado con ellos los criterios del reparto del fondo de Reconstrucción de 16.000 millones de ayuda a las Comunidades Autónomas, que además no es reembolsable.
Se trata del conocido Fondo de Reconstrucción que Pedro Sánchez anunció a comienzos del mes de mayo, y que está previsto que se apruebe el 16 de junio en un Consejo de Ministros, para posteriormente pasar vía Real Decreto Ley a la votación del Parlamento, y empezar a pagar en julio.
Según ha podido saber este medio de comunicación, en la tarde del lunes, ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el Grupo Socialista se habían puesto en contacto aun con el Partido Popular, Vox, PNV, JxC, Coalición Canaria, ni tampoco con Esquerra Republicana. En cuanto a Ciudadanos, éstos señalan que el contacto había sido solo a nivel autonómico.
"Fruto de las conversaciones con las comunidades autónomas, así como con los grupos parlamentarios"
El desconocimiento en general de las fuerzas parlamentarias viene a desmentir las afirmaciones del presidente del Gobierno, quien, este pasado domingo constataba que "los cambios" de criterio que se han introducido en el reparto del fondo de los 16.000 millones de euros a las distintas administraciones regionales, son, literalmente, dijo: "fruto de las conversaciones con las comunidades autónomas, así como con los grupos parlamentarios, ya que este reparto se hará mediante un real decreto-ley que debe ser convalidado y que espera se apruebe antes de que acabe este mes para que en julio se pueda afrontar el primer pago".
Muy al contrario, el cambio de criterio anunciado por el presidente del Gobierno el domingo, y anticipado el viernes por la tarde, vía Secretaría de Estado, a los consejeros autonómicos de Hacienda, no solo no han sido producto de las negociaciones con las fuerzas políticas con las que tendrá que buscar consenso si el Gobierno quiere que prospere el RDL, sino que además, también ha abierto una batalla entre regiones de iguales y de distinto signo político, en la medida en que el aumento del peso poblacional ha acabado perjudicando a unas autonomías por encima de otras.
Tampoco ha gustado entre los barones que desaparezcan los 1.000 millones que iban destinados a prestaciones sociales, justo cuando las CCAA se tienen que enfrentar ahora al aumento y en algunos casos nueva implantación del Ingreso Mínimo.
Menos en Sanidad
En efecto, este pasado domingo, Pedro Sánchez anunciaba otro cambio de criterio en el reparto del fondo, de manera que, de los 16.000 millones, 9.000 irán destinados a gasto sanitario, 5.000 para la reactivación de la economía-de los que 800 son directamente al transporte- y, 2.000, en el mes de septiembre, van para el gasto en Educación. A priori, el reparto era de 10.000 millones para Sanidad, 5.000 millones para la recuperación económica y, 1.000 para prestaciones sociales.
Las comunidades se quejan, ahora, en general, de que estas alteraciones se hayan hecho sin consenso; en ocasiones "hablando con unos territorios más que con otros" -y hasta a "espaldas" unos de otros-, o de que en Sanidad se hayan recortado 1.000 millones de la partida de 10.000 millones de euros.
Después de hacer un último análisis y de comprobar más datos, se ha visto que "el impacto" en materia sanitaria era "menor"
En respuesta a esto el Ministerio de Hacienda explica que, de los 16.000 millones anunciados, la cantidad no varia y "es la misma". Lo que sucede, continúan fuentes del negociado de María Jesús Montero, es que después de hacer un último análisis y de comprobar más datos, se ha visto que "el impacto" en materia sanitaria era "menor".
Subrayan, por otro lado, que los criterios se sostienen en parámetros técnicos basados en el grado de afección de la pandemia (Ucis, hospitalizaciones, PCR realizados) y, en el peso de la población en el gasto sanitario por franja de edad.
Insiste Hacienda, de igual modo, en que los cambios también se deben a la "incorporación de propuestas de las CCAA", y a lo que se ha hablado con los partidos -lo que ha sido desmentido a eE por las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados-.
Más libertad
Entretanto, comunidades como la gallega plantean al Gobierno que deje libertad en el uso de los fondos, y por tanto, que sean ellos quienes decidan cómo gastar ese dinero. Y otras como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, directamente consideran "injusto" que se premie el criterio poblacional y no se valoren otros criterios.
Con una Extremadura, Asturias, Valencia, Baleares y Canarias más contentas, y con un País Vasco y Navarra silentes, la desaparición de los mil millones destinados a prestaciones sociales es otro de los focos del desacuerdo de los consejeros de Hacienda y presidentes autonómicos. Recuerda Javier Lambán que su Gobierno ya tenía planificado qué hacer con ese dinero. Por cierto que, preguntada Hacienda por la relación de la implantación de la renta mínima vital y la desaparición de la partida destinada a las prestaciones sociales, el ministerio mantiene que no guardan relación alguna, ya que el IMV depende de Seguridad Social.
Al tiempo, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha solicitado una mesa de diálogo con el Ejecutivo, mientras la ministra de Hacienda recalca la "complicación" de este reparto, no sin matizar que "ha sido justo si nadie plantea que está satisfecho".
224.000 millones de euros
El líder del PP se manifestó sobre el fondo de los 16.000 millones, y de ello dijo que la cifra está alejada de los 240.000 millones que movilizó Mariano Rajoy tras la crisis económica de 2008 para las autonomías (en forma de créditos, en aquel caso) y que a su juicio permitieron "sanear" las cuentas territoriales. Así opinó Pablo Casado justo después de que varios autonomías expresaran su malestar por el cambio de criterio.
