La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido esta mañana en la Comisión parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dar cuenta de las principales líneas de actuación de su Gabinete durante esta legislatura con un mensaje contundente para los empresarios, más aún en un escenario de desaceleración de la economía global y de menor creación de empleo: "Vamos a impedir que el empresario despida a un trabajador si no está justificado", señalaba la ministra sugiriendo un endurecimiento de las causas de despido dentro del proceso de derogación de la reforma laboral del PP de 2012.
De hecho, la ministra reconoce que una de las prioridades del ministerio pasa por recuperar la causalidad de los despidos como elemento de conservación de los puestos de trabajo. "No podemos reducir el enorme problema en materia de empleo a la cifra del paro", aclaraba la ministra durante su intervención, tras insistir en que se debe invertir la tendencia haciendo del trabajo decente "la base del progreso de España" y apuntando la necesidad de actuar sobre diferentes planos de la relación laboral entre empleador y trabajador.
Las primeras muestras de la intención del Ejecutivo en el plano de la causalidad del despido está en el reciente derribo del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empresarios el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas mediante un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros.
Hasta ese momento de la derogación ya efectiva tras su publicación en el BOE, un contrato de trabajo podía extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.
Lucha contra el fraude en el trabajo
En este sentido, Díaz ha anunciado el lanzamiento de un Plan Director por un Trabajo Digno con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos, como la temporalidad fraudulenta, el contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o falsos autónomos. En esta línea, afirmado que se utilizarán mecanismos de big data para reforzar el sistema de control sancionador.
"Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo", ha asegurado la ministra durante su intervención. Desde el Ministerio de Trabajo añaden que para abordar esta situación se tomarán medidas legislativas.
Para conseguir el objetivo, la ministra ha resaltado que el Gobierno va a reforzar los efectivos de la Inspección de Trabajo para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en diferentes planos y para garantizar, en definitiva, la legalidad en el ámbito laboral.
"Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal concatenada por un mismo trabajador o puesto, el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo los falsos autónomos o falsos cooperativistas", ha dejado claro.
Por ello, ha explicado que es "importante" reforzar el papel de la Inspección para atender a las nuevas fórmulas de trabajo "atípico, que emergen en contextos digitales". "Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo", ha dejado claro, tras afirmar que el Ministerio hará que la Inspección de Trabajo sea "efectiva y pueda intervenir en los periodos de consulta de manera activa".
Acicate al empleo autónomo
"El Gobierno va a proteger los derechos de las personas que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad", señalaba Díaz añadiendo que se va a impulsar la dignificación del trabajo autónomo y se va a potenciar por la importancia que tiene en la creación de desarrollo económico y el progreso de España.
Así, ha señalado que en el marco del diálogo ya ha detectado la necesidad que existe de concertar acciones efectivas sobre el trabajo autónomo. En esta línea, ha anunciado que, con las entidades representativas del sector, se va a diseñar un Plan Estratégico para el Empleo Autónomo que impulse este trabajo y que incluya la digitalización de la economía o el reto demográfico, puesto que los autónomos se concentran entre los 40 y 55 años y "es importante actuar sobre el relevo generacional".
Asimismo, también se va a trabajar para fijar la población al territorio, favoreciendo la generación de autoempleo en el ámbito rural, y también en la igualdad efectiva. "Debemos actuar de forma específica en los colectivos críticos para el trabajo autónomo, que son los mayores de 52 años, los jóvenes menores de 30 años, las mujeres y las personas con capacidades diversas", ha añadido.