Londres
La distancia que todavía separa al Reino Unido y la Unión Europea en materia de Brexit ha comenzado a virar la atención del debate hacia cuánto debería prolongarse una extensión que, pese al posicionamiento público de Boris Johnson, parece inevitable. A 23 jornadas del límite para la salida, las partes continúan analizando si las propuestas planteadas recientemente por el Gobierno británico pueden suponer la base para un acuerdo, pero sin movimiento por parte de Londres esta semana, Bruselas da el entendimiento por perdido. De ahí que su foco se haya movido ya a analizar la duración de una demora que, espera, facilite algún cambio sustancial, ya sea mediante un adelanto electoral, o incluso un segundo referéndum.
El primer ministro británico descarta cualquier ampliación de la permanencia, pero la retórica del Número 10 ha perdido peso ante una realidad en la que hay una legislación que lo obliga específicamente a solicitar un retraso de la ruptura si el 19 de octubre no hay una oferta tangible que presentar el Westminster. Esta es, precisamente, la base sobre la que trabaja ya la cúpula comunitaria, hasta el punto de que estaría dispuesta a obviar quién pide la prórroga, ya sea Johnson, o cualquier otra figura del organigrama institucional británico, y considere, incluso, tomar la iniciativa a la hora de plantearla.
A su favor, el Gobierno tiene la falta de unidad en Westminster, que le permitirá ganar tiempo
El hartazgo del Brexit ha hecho mella a ambos lados, pero frente a la parálisis al norte, con un Parlamento en desacuerdo en todo, menos su rechazo a una salida no pactada, y un Gobierno incapaz de acercar posiciones; Bruselas ha decidido priorizar la aproximación pragmática, pese al juego de la culpa promovido ya por Downing Street en clara anticipación al descarrilamiento de su estrategia.
El bloque estudia qué margen le conviene otorgar, si los tres meses recogidos por la denominada Ley Benn, la aprobada in extremis el pasado mes en Westminster, antes del cierre que el Tribunal Supremo acabó anulando, o alargarlo hasta final de junio, para dar espacio suficiente para un cambio significativo o, incluso, para un nuevo plebiscito. Más allá sería imposible para la UE, puesto que a mediados de 2020 tendrá que aprobar el nuevo presupuesto para los próximos siete años, que precisa de una unanimidad que Londres podría sabotear.
El negociador jefe británico continúa aún en la capital comunitaria, donde este lunes ha presentado un texto legal adicional para "aclarar" cómo operarían, en la práctica, las propuestas remitidas la semana pasada, un trámite que difícilmente colmará las expectativas europeas, que no demandan clarificaciones, sino nuevas ideas. A su favor, el Gobierno tiene la falta de unidad en Westminster, que le permitirá ganar tiempo con la nueva suspensión que esta misma jornada hace oficial, para preparar el Discurso de la Reina con el que, el próximo lunes, dará a conocer la agenda legislativa para el nuevo período de sesiones.
