Barcelona
La defensa del presidente Torra, el abogado Gonzalo Boye, en la vista de casación en el Tribunal Supremo ha alegado que incumplir un mandato de la Junta Electoral Central (JEC) no es un delito y que el juicio al líder catalán por no retirar una pancarta es un acto político y lo enmarca en la persecución de la "minoría nacional catalana".
Boye ha defendido este jueves ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se absuelva al presidente Torra del delito de desobediencia por el que fue condenado a un y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al no cumplir con el mandato de la JEC de retirar la pancarta en defensa de los presos políticos y un lazo amarillo durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019. El Supremo deberá pronunciarse en los próximos días o semanas.
La defensa ha argumentado en su escrito de recusación que en el juicio "están en juego los derechos de participación política que tenía que avalar un tribunal imparcial" del que no gozó, a su entender, Torra. Boye aseguró que "Torra no ha tenido un tribunal imparcial" y que "la pena impuesta no es la pena contemplada en el código penal".
La defensa de Torra insistió en que la pancarta colgada en la fachada del Palau de la Generalitat que reivindicaba "libertad para los presos políticos" era una "crítica" directamente dirigida a los magistrados del TS: "Todo esto viene de tres palabras. Libertad presos políticos. Los destinatarios de la queja eran los magistrados de esta Sala".
Según ha destacado Boye, Torra no participaba del proceso electoral por el que fue sancionado, era una persona sobre la que la JEC no era "autoridad superior" y no solo se le sanciona sino que se le deduce testimonio se le denuncia y se le lleva a juicio. "Hemos buscado distintas interpretaciones para ese Trato distinto y solo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del tratado de la UE, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido", ha manifestado ante la Sala.
La defensa ha dejado claro, en unas declaraciones antes de la celebración de la vista, que si Torra no es absuelto recurrirán a los tribunales europeos.
Por su parte, la fiscal Pilar Fernández Valcarce, ha dejado constancia de que no hay recorrido en base a la norma europea y que esta vía quedará absolutamente desestimada.
Asimismo, Marta Castro en nombre de Vox ha defendido "el principio de legalidad, sin más" y ha acusado a la defensa de Quim Torra de querer hacer "marketing político" de la resolución del recurso y del incumplimiento de la ley electoral al no sacar la pancarta del balcón de la Generalitat.
El presidente Torra ha llegado a las inmediaciones del alto tribunal en coche unos veinte minutos antes, acompañado por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consejera de Presidencia catalana, Meritxell Budó, quienes han asistido como público para escuchar los argumentos esgrimidos por Torra y la Fiscalía. A las puertas del Supremo les esperaba una comitiva formada, entre otros, por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la portavoz parlamentaria de JxCat, Laura Borràs; los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie y Marcel Mauri, y el diputado de la CUP Albert Boltrán y ante la expetativa de la veintena de medios.
El presidente de la Generalitat, en una rueda de prensa posterior a la celebración de la vista, ha manifestado que en caso de ser inhabilitado, la sentencia del Supremo que ha calificado de "totalmente desproporcionada" en caso de que les inhabiliten, "no es un castigo a mí por la pancarta, lo es para un país entero en medio de una pandemia". Según Torra, "si España llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, sólo habrá un responsable, él mismo".
"No seré yo quien en el momento tan crítico del país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana", ha insistido en sus palabras. Pese a que no se plantea convocar elecciones antes del fallo del Supremo -una potestad que se perdería en caso de ser inhabilitado-, el presidente sí da por zanjada la legislatura: "Tienen que saber que, en cualquier caso, que no solo me inhabilitan a mí. Hoy este tribunal tiene en sus manos la caída de un Govern, el final de una legislatura".
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