El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ocupará este lunes su escaño en el pleno del Parlament que fue pospuesto por el temporal Gloria la semana pasada, haciendo caso omiso a la orden de inhabilitación como diputado dictada por la Junta Electoral Central (JEC) y avalada por el Tribunal Supremo.
Y acometerá este desafío a costa de ERC, ya que es el presidente de la Cámara catalana, el republicano Roger Torrent, el que recibió el jueves la notificación de la JEC para ejecutar la sanción "de forma inmediata", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya condenado a Torra a un año y medio de inhabilitación por negarse a retirar símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat en el periodo electoral de la pasada primavera. Si apoya ahora a Torra, el 'president' podría correr la misma suerte.
De momento, tanto Torrent como los letrados del Parlament, y el propio presidente catalán, consideran que Torra no puede ser inhabilitado hasta que no exista sentencia firme -la del TSJC será objeto de recurso ante el Supremo-, pero ERC quiere cubrirse las espaldas y repartir el peso de la responsabilidad de este desafío. Así, este lunes, antes del pleno, que empezará a las 15.00 horas, Torrent ha convocado a la Mesa del Parlament para constatar si Quim Torra sigue como diputado después de que el Supremo mandara cumplir con la orden de la JEC sobre su inhabilitación.
Fuentes parlamentarias explicaron a Efe que en esa reunión se abordarán, entre otras cosas, las peticiones de Ciudadanos y PPC para que se ejecute la orden de la JEC. También es factible que el PSC aproveche para pedir una vez más que los letrados del Parlament redacten un informe para determinar si la situación de Torra ha cambiado después de que el Supremo rechazara suspender de forma cautelar la orden de la JEC.
Torrent descartó pedir de motu proprio este nuevo informe -el anterior era de hacía una semana-, pero en la Junta de Portavoces del pasado miércoles abrió la puerta a hacerlo si la Mesa del Parlament le emplazaba a ello.
Torra: "Ejerceré las acciones legales oportunas en caso de que persistan estas acciones, que conllevan un presunto delito de calumnias y / o injurias"
El viernes, Torra mostraba su apoyo a Torrent a través de un comunicado en el que criticaba presiones "insostenibles" de la JEC contra "el presidente del Parlament y otros miembros de la Cámara que defienden la soberanía del Parlament", y en el que amagaba con ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal" contra la JEC, a la que calificó de incompetente para inhabilitarle, de forma que su resolución es "una anomalía democrática".
Agregó que la JEC podía incurrir en un delito de coacciones, y que atribuirle la posible comisión de un delito de usurpación de funciones públicas "demuestra una ignorancia profunda del derecho penal", por lo que no dudará en "ejercer las acciones legales oportunas en caso de que persistan estas acciones, que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y / o injurias".
Mientras tanto, el Gobierno central, sabedor de que necesita los apoyos de ERC si quiere sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, sigue con los preparativos para la reunión entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra, a principios de febrero, haciendo suya la tesis de que su inhabilitación como diputado no supone automáticamente dejar de ser presidente autonómico. De hecho, el Parlament lo ratificó como diputado y president justo después de la orden de inhabilitación de la JEC.
Presión financiera a Sánchez
En este contexto, la Generalitat de Cataluña -con el área económica en manos de ERC- aprovecha para presionar a Sánchez en busca de mejoras financieras y pagos atrasados a cambio de su apoyo a las Cuentas estatales. En la presentación del proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2020 hace una semana, el vicepresidente catalán y consejero de Economía, Pere Aragonès, apuntó incluso a conseguir "flexibilidad" en el objetivo de déficit autonómico cero para este año, un punto que el Ejecutivo central debe tratar con la Unión Europea, ya que se trata de una exigencia comunitaria para España, recogida en la ley nacional de estabilidad presupuestaria. Cada décima de más que pueda conseguir Cataluña supondría poder aumentar el gasto en unos 240 millones de euros.
La Generalitat también confía en que los PGE de 2020 incluyan el pago pendiente del reparto territorial de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, de unos 443 millones en el caso catalán.
Asimismo, la administración catalana recuerda los compromisos de Sánchez que finalmente quedaron en agua de borrajas por el veto de ERC y PDeCat a la tramitación de los PGE para 2019. Con ello, la comunidad perdió 1.450 millones para infraestructuras y 700 para Mossos.
Y es que renunció a recibir la mayor inversión histórica del Estado en Cataluña en infraestructuras, de hasta 2.251 millones (incluyendo 200 millones de pagos pendientes por la disposición adicional tercera del Estatut).
Con la prórroga de las Cuentas de 2018, Cataluña pasaba a recibir solo 1.351 millones, 900 menos que con el proyecto de Pedro Sánchez para 2019, y renunció a compromisos de pago de Sánchez por 1.459 millones entre 2019 y 2022 vinculados a inversiones en infraestructuras -donde se incluyen los 200 millones citados anteriormente- y a la financiación de los Mossos d'Esquadra, que fueron preacordados en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat en septiembre de 2018.
Concretamente, eran 759 millones en cuatro años para inversiones en infraestructuras, reconocidos por el Tribunal Supremo como pago pendiente por la aplicación correspondiente al año 2008 de la disposición adicional tercera del Estatut. Otros 700 millones en cuatro años -revisables al alza- eran para mejorar la financiación de los Mossos d'Esquadra, para compensar el gasto de este Cuerpo desde el año 2009.
Pagos asegurados
A parte de las partidas a negociar, Cataluña ya cuenta con pagos asegurados del Estado para este año. Entre entregas a cuenta para 2020 -que serán revisadas al alza- y la liquidación del sistema de financiación de 2018, recibirá 21.295 millones, liderando el reparto autonómico y ganando un 5,5% respecto a 2019.
También prevé pedir este año al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) un total de 10.257 millones de euros, un 27,5% más que en 2018, que servirán principalmente para cubrir vencimientos de deuda, como la del FLA.
