La ofensiva de BBVA por Sabadell enfrenta su etapa decisiva en La Moncloa con riesgo de que se añadan condiciones que dinamiten la rentabilidad esperada por la operación. El Ministerio de Economía cocina actualmente la propuesta de resolución que elevará a votación del Consejo de Ministros, previsiblemente el próximo día 24, tras recabar el posicionamiento de los diferentes ministerios. Para el análisis, su equipo técnico puede solicitar otros datos y apoyarse en el extenso y prolijo expediente elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como ha ocurrido en el pasado con operaciones similares como la opa a Endesa, donde Gas Natural, E.ON, Acciona y Enel persiguieron tomar su control. En este caso, cuenta además con el resultado de la consulta pública, aunque haya sido recurrida en la Audiencia Nacional y no guste en Bruselas.
A estas alturas, el mercado descuenta que el Ejecutivo añadirá "garantías" después de que montase el insólito y polémico sondeo, después de que cinco ministerios vean riesgos a tratar –seis si se añade el departamento de Economía– y de todos los reparos puestos por diferentes miembros del Consejo de Ministros desde que BBVA decidió lanzar la opa hostil, en contra del Consejo de Administración de Banco Sabadell que juzgó que infravaloraba su potencial; y, sobre todo, en medio de las elecciones catalanas.
Trabajo exige evitar despidos
El ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidentaYolanda Díaz ha, incluso, difundido sus demandas: evitar despidos y clausuras de sucursales, que se preserven las condiciones crediticias a las pymes y autónomos, y proteger a los clientes vulnerables. El resto de ministerios no han transparentado las expectativas como Sumar –no hay que olvidar que es el socio del Gobierno–, aunque Economía sí dejó algunas pistas cuando justificó la decisión de abrir el análisis. Atisban, informó en un comunicado, riesgos relacionados "con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social".
A falta de saber qué hará el Gobierno e, incluso, si pondrá o no más garantías, analistas y diferentes expertos han comenzado a estimar qué medidas se esconderían bajo esos riesgos con una alta coincidencia en el aspecto laboral y que el vallesano mantenga su posición en Cataluña e, incluso, opere de manera autónoma. Un estudio de Alantra apunta que hasta podría requerirse "un tamaño mínimo de balance para garantizar que Sabadell no se desapalanque y mantenga el flujo de crédito a la economía" o que se exija mantener una plataforma informática independiente en el vallesano, que tumbaría la opa. "¿Qué podría suceder a continuación? En nuestra opinión, BBVA seguirá adelante con la opa, salvo que se vea obligado a mantener una plataforma tecnológica independiente para Sabadell (lo cual sería un factor decisivo, ya que desvirtuaría el potencial de sinergias)", resuelven sus analistas en un informe reciente.
Lo único en lo que parece haber convicción es que cualquier medida que fije La Moncloa afectará a las sinergias.BBVA estimó en su día que obtendría 850 millones de euros en ahorros de costes y un aumento del 3,5% en el beneficio por acción al materializarlas, algo que el mercado ya juzgó limitado frente al 5-10% cosechado en otras transacciones.
La razón que trasladó el grupo vasco para una expectativa tan conservadora es que garantizó que no habrá grandes ajustes de plantillas por haberlos acometido ya ambos bancos, si bien todavía esperaba ahorrar 300 millones en costes de personal. Según Sabadell, eso suponía 4.000 despidos y los sindicatos los elevaron a 7.000-10.000. Un veto a despidos como exige Sumar borraría dicha partida cuando ya han desaparecido algunas sinergias de las previstas y la operación se ha tropezado por el camino con cargos inesperados. De los 850 millones totales, 100 millones eran ahorros en emisiones que ahora serían difíciles de cosechar porque Sabadell está colocando deuda en el mercado casi al precio de la gran banca gracias a que ha encadenado cuatro mejoras de ratings de solvencia en el último año. En el camino, la operación se ha tropezado además con el nuevo diseño del gravamen a la banca, que ahora fija tramos crecientes de retención entre el 1 y 7% en función de los ingresos, y penalizaría al grupo con 150 millones extras de pago a Hacienda si se consuma la fusión.
Con todo, BBVA ha abierto la puerta a mantener al banco independiente, soslayando ese mayor coste fiscal, y sostiene que losnúmeros de las sinergias siguen saliendo porque tendrá lugar en su mayoría en la tecnología, mientras que otras fuentes ven inviable que los alcance cuando Sabadell destina 400 millones al año a esos menesteres, es decir, la mitad. Este último escenario de no fusión tendría además cargos añadidos no previstos en su origen en términos de capital. El propio BBVA ha reconocido en la información a la SEC estadounidense que comprar y fusionar la entidad consumiría 38 puntos básicos del ratio CET1, y 62 puntos si logra comprar solo el 50,1% mínimo exigido para declarar exitosa la opa y no fusionar la entidad.
Cualquier condición extra sería, por tanto, una piedra más en el camino de BBVA que, con el tiempo ve encarecerse la transacción. El propio rally bursátil del vallesano ha jugado en contra al dejar a cero el fondo de comercio negativo o badwill. Se trata de una preciada hucha que se genera al absorber una entidad con un valor inferior a su patrimonio y que CaixaBank aprovechó para financiar la reestructuración al integrar Bankia, y también ayudó a Unicaja y Liberbank.
El banco vasco dejó claro que no seguirá con la transacción si las condiciones eliminaban su atractivo cuando la operación se encontraba bajo análisis de la CNMC, pero ha mantenido su interés tras conceder compromisos que califica de "inéditos" y que, según reivindica, cubren riesgos de cohesión territorial, inclusión financiera y protección de vulnerables.
¿Puede el Gobierno fijar medidas que muten esa visión?La Comisión Europea ha puesto bajo lupa la transacción. Abrió un proceso consultivo (EU Pilot) a España para solicitar más información ante la eventualidad de que el Gobierno acabase entrando de lleno y sus líneas rojas son: que haya un interés general probado y genuino, y que las medidas paliativas sean proporcionadas. El Gobierno se amparó en la ley de Participación Pública para justificar la apertura de la consulta pública y explicó a Bruselas que la Ley de Competencia española obliga al Ejecutivo a intervenir en favor del "interés general" si resulta amenazado cuando la CNMC lleva la operación a un escrutinio profundo (Fase II) y resuelve con compromisos, lo que ocurrió en septiembre pasado. Posteriormente Economía ha garantizado que cualquier medida será proporcionada.
El propio vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, respaldó ayer que, según la legislación española, "el Gobierno tiene la posibilidad de analizar las condiciones impuestas y, en función del interés general, modificarlas".
Si no hubiese remedies extras o BBVA los considerase asumibles, aún tocará decidir a los dueños de Sabadell y una gran mayoría de analistas creen que debe mejorar su oferta porque han elevado su precio objetivo al vallesano en atención a sus resultados. Ambos bancos aún tienen las últimas cartas por jugar. Sabadell prepara un plan estratégico a tres años y suelen incluir promesas de dividendos, y BBVA podría elevar el canje, aunque en la carta que dirigió al Consejo del vallesano aseguró carecer de margen. Puede tener pulmón, ahora bien subiría el talón a un proyecto con sinergias 'tocadas' desde que abrió la ofensiva.