El Gobierno entrará de lleno en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido elevar la operación al Consejo de Ministros que ahora dispondrá de 30 días naturales para evaluar los riesgos advertidos y determinar si impone nuevas condiciones a BBVA adicionales a las establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su dictamen.
Se escala el análisis después de que Economía haya advertido riesgos de "interés general", diferentes a los de competencia cuyo análisis compete exclusivamente a la CNMC. Para su veredicto ha tenido en cuenta los resultados de la inédita consulta pública abierta ad hoc entre los pasados día 6 y 16 de mayo, y en la que ha podido participar todo el que ha querido; y una consulta paralela mantenida con los ministerios que conforman la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Según el ministerio, que fundamenta su decisión en el marco de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, ha observado riesgos relacionados "con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social".
Que se abra el estudio no prejuzga el resultado, ya que el Consejo de Ministros podría concluir que ratifica la resolución del organismo presidido por Cani Fernández, añade condiciones o, incluso, las suaviza como hizo otro Consejo de Ministros en el año 2012 para facilitar la fusión de Antena 3 y La Sexta, aliviando sus condiciones.
La posición del Ejecutivo ha sido, sin embargo, crítica hacia la opa desde su formulación al considerar que la operación introducía "efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español", por agravar la ya alta concentración del sector financiero tras el alud de fusiones que se derivaron de la crisis financiera y la uniones posteriores en el escenario pospandemia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso en el foco el impacto sobre la cohesión territorial y algunos ministros han advertido de potenciales problemas sobre la exclusión financiera, o la destrucción de empleo.
Su entrada podría tropezar con Europa. La Comisión Europea (CE) afirmó este martes que no aprecia razones para que el Gobierno bloquee o la rechace y cree que debe alinearse con la autorización con condiciones ya dada por la CNMC. "Las autoridades competentes han dado su opinión sobre la transacción. El Banco Central Europeo (BCE) la ha aprobado. La autoridad española de Competencia la ha aprobado, sujeta a una serie de medidas de mitigación para garantizar", indicaron a Efe fuentes comunitarias, que se refirieron entre los compromisos a que los consumidores de las zonas más remotas de España no pierdan el acceso a los cajeros automáticos y a los préstamos a las pymes.
"Sobre esta base, no conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes", agregaron. Bruselas está estudiando la compatibilidad de las medidas del Gobierno con el Derecho de la Unión Europea (UE) y dichas fuentes señalaron que "no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados" comunitarios.
BBVA ha defendido que los compromisos asumidos con la CNMC atenderían a todas las inquietudes expresadas por los miembros del Consejo de Ministros. El banco vasco, que lanzó la opa confiado en resolverla en seis-ocho meses, reivindicó que sus garantías "favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos", además de preservar la competencia especialmente en los territorios donde la presencia del nuevo grupo se reforzaría particularmente como Cataluña.
En la interlocución con la CNMC, el grupo vasco elevó y mejoró en hasta siete ocasiones el paquete de remedies ofrecido y en la discusión contrarreloj aún incrementó el blindaje para las pymes en Cataluña e incorporó los autónomos en algunas protecciones para garantizarse el apoyo unánime de los cinco miembros de Competencia, y disolver el riesgo que planeaba sobre la resolución de salir adelante con hasta dos votos particulares -del consejero próximo a Junts, Pere Soler, y Pilar Sánchez, exasesora del Ministerio de Economía con Nadia Calviño-.
Su paquete de compromisos garantiza el circulante a las pymes del vallesano y toda la financiación a las que reciban, al menos, el 85% de BBVA y/o Banco Sabadell -el banco vallesano había pedido que lo hiciese desde cuotas del 20%-. En Cataluña y las Islas Baleares, baja dicho umbral al 50%, y tampoco ofrecerá un precio superior al medio nacional en el nuevo flujo de crédito a pymes y autónomos para cada nivel de rating y producto de financiación. Entre otras garantías también se ha comprometido a no cerrar oficinas de empresas ni sucursales si no hay otra a menos de 300 metros o en localidades con una renta per cápita inferior a 10.000 euros. La mayoría de las garantías tienen de plazo de vigencia tres años, extensibles dos años extras si lo considera necesario la CNMC en algunas referentes a la protección en la disposición del crédito.
El Banco Sabadell ha alertado durante todo el proceso del perjuicio, sobre todo, para la disposición de crédito a las pymes si desaparece uno de los cuatro proveedores especializados existentes en el país. La entidad reclamó durante la fase de alegaciones y el test de mercado realizado por el organismo de Competencia una protección superior a la pactada entre BBVA y Competencia para garantizar dicha disposición de financiación, al juzgar que los remedies dejan desprotegidas a la mayoría de las pymes y se blinda un porcentaje mínimo del crédito que ya disponen.
La entidad también reclamó a la CNMC, sin éxito, que aplicase la metodología que se utiliza en Europa en operaciones análogas y que hubiese derivado en la exigencia a BBVA de vender negocios o carteras para recomponer la competencia dañada de forma instantánea por un tercero. A su juicio es muy difícil verificar que BBVA cumple con algunas condiciones por la dificultad para tener la trazabilidad completa de las operaciones de crédito y sus condiciones, además de ser compromisos que vencen pasados unos años.
A priori, el Gobierno no puede prohibir la operación, aunque sí endurecer o suavizar los remedies. BBVA ya avisó de que dejaría caer la opa o la retiraría si se enfrentase a condiciones inasumibles. El objetivo de BBVA es fusionar Sabadell y calcula que obtendría 850 millones en sinergias con la integración. El vasco sostiene que lograría la mayoría de esos ahorros, incluso, bajo un escenario de no fusión abriendo la puerta a mantener el vallesano autónomo, un escenario que se ha interpretado como un gesto para superar los reparos del Gobierno y limitar las reticencias en Cataluña.
Seis ministerios piden elevar la operación al Consejo de Ministros
Antes de decidir si elevaba la transacción al escrutinio del Consejo de Ministros, el departamento que lidera Carlos Cuerpo analizó los resultados de la consulta pública y realizó un contraste o consulta adicional con los ministerios que conforman la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Hasta seis de los 22 ministerios que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez han pedido abrir la operación a análisis del Ejecutivo: el de Industria y Turismo, que lidera el antiguo alcalde de Barcelona Jordi Hereu; el de Trabajo y Economía Social que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha sido muy beligerante en contra de la operación; el ministerio gemelo de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encabezado por Sara Aagesen; el de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy -impulsado por los socios del Gobierno de Sumar- e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz al frente. El sexto ministerio es el de Economía, Comercio y Empresas que lidera Carlos Cuerpo, al que la Ley de Defensa de la Competencia le encomienda analizar su hay riesgos de interés general que justifican su pase al Consejo de Ministros. La resolución de la CNMC no será firme hasta que pase el trámite del Gobierno, pudiendo añadirle compromisos, suavizarlos o, incluso, confirmarlos.
