Madrid
Banco Sabadell ha pedido a Competencia que utilice la metodología vigente en Europa para analizar operaciones de concentración y que impondría desinversiones a BBVA en el segmento de pymes si triunfa la opa para garantizar el buen juego de mercado. Su demanda la trasladó ayer al organismo liderado por Cani Fernández en el pliego de alegaciones y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que considerarlas ahora para revisar con BBVA los compromisos que ya le ha presentado y que posteriormente someterá a un test de mercado antes de emitir su dictamen final.
El banco presidido por Carlos Torres había planteado a Competencia un abanico de medidas inspiradas en las planteadas por CaixaBank cuando fusionó Bankia, pero con garantías extras en ciertos supuestos. Entre otras medidas, comprometió en una primera instancia mantener las líneas de circulante que tenga Sabadell con empresas durante 18 meses, salvo deterioro financiero; y todo el crédito a pymes que no tengan otro proveedor distinto a ambos bancos. En municipios con menos de cuatro entidades garantizó que la nueva financiación será a precios no superiores a los fijados a escala nacional y conservará todas las sucursales de empresas.
La CNMC juzgó que no resultaban concluyentes para evitar un perjuicio a las pymes, abriendo el análisis de la transacción a un escrutinio superior en la llamada Fase II y BBVA habría mejorado posteriormente su propuesta ampliando hasta tres años los compromisos.
Sin embargo, Sabadell niega su efectividad. "Esas condiciones que se llaman de comportamiento se han declarado ineficaces en toda Europa en temas de competencia", avisó la semana pasada su consejero delegado, González-Bueno, alegando que "no hay quien las controle" y "son temporales por su propia definición". El banquero deslizó que resulta imposible averiguar si BBVA baja o corta una línea de crédito a un cliente si lo hace porque ha caído su demanda u obedece a una decisión financiera, y el problema afloraría con toda su intensidad cuando caduquen los compromisos establecidos.
González-Bueno abogó por utilizar la metodología de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, en lugar del análisis usado en fusiones bancarias españolas previas al estar en juego el servicio financiero a pymes que es distinto al de particulares -clave, a su vez, en la unión de Bankia y CaixaBank-. La tesis es que un particular puede, fácilmente, cambiar de entidad o buscar un nuevo proveedor por la alta concurrencia de bancos que ofertan servicios retail mientras que una pyme necesita de media tres o cuatro especialistas, que son los que hay para prestar el servicio (Sabadell, BBVA, Santander y CaixaBank).
Y es la demanda que el banco ha formulado en alegaciones a la CNMC. Europa exige medidas "estructurales" cuando detecta un problema de competencia, es decir, desinversiones, en lugar de medidas de "comportamiento" como las ofertadas por BBVA. Entre otros ejemplos, Competencia europea impuso desinversiones para evitar problemas de competencia en la reestructuración de Fortis, a Intesa San Paolo y exigió a Lloyds, como parte de su plan de rescate, vender a un TSB que acabó, precisamente, adquirido por Sabadell.
El banco ha defendido que la única manera de restablecer la situación del mercado si Sabadell desaparece es escindir parte del negocio con pymes y venderlo a un competidor, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que es donde hay mayor solapamiento con BBVA. Ambos superan el 25% de cuota en pymes y tanto la regulación como la ortodoxia bancaria desaconsejan tomar altos riesgos en un solo cliente, lo que podría derivar en una reducción de posiciones en las pymes y autónomos comunes. Se trata de un riesgo sobre el que han alertado también distintas asociaciones de pymes y empresas como Pimec o Cepyme.
La CNMC habría elaborado un borrador muy preliminar con un diagnóstico tomando de base los compromisos mejorados de BBVA sobre el que han presentado alegaciones ambos bancos. Ahora se abriría una fase de contactos o conversaciones con el feed back respectivo recibido y con sus conclusiones llegaría el test de mercado.
A su término, la dirección de Competencia de la CNMC elaborará su dictamen y lo elevará al consejo del organismo, que podría aprobar el texto o introducir cambios, para su resolución final. Se espera que esté listo a finales de marzo o en abril para su ulterior traslado al Ministerio de Economía y el Gobierno dispondrá de 45 días para decidir si fija medidas adicionales.
La resolución deberá aprobarla el recién estrenado consejo de la CNMC que, entre sus nuevos miembros, ha incorporado a Pere Soler, propuesto por Junts y que fue director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), contraria a la opa.
