Bruselas
Las reticencias del Gobierno para autorizar la opa de BBVA-Sabadell llegan a Bruselas. La Comisión Europea podría abrir un expediente sancionador a España por no autorizar la fusión de ambas entidades en un momento en el que la UE intenta profundizar en el mercado único. El Ejecutivo comunitario se encuentra evaluando actualmente si la decisión del Gobierno español se alinea con la normativa comunitaria. En caso contrario, no dudará en "tomar todas las medidas necesarias", han indicado fuentes de la Comisión Europea, como sería la apertura de un expediente sancionador, que podría terminar, en último caso, ante la Justicia europea.
"No tenemos conocimiento de ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Por lo tanto, esperamos que el Gobierno español se alinee con las decisiones de las autoridades competentes", han apuntado fuentes comunitarias sobre la intención de rechazo del Gobierno.
Hay varios factores clave en el proceso que allanarían la culminación de la operación a ojos de Bruselas: las autoridades competentes han dado su opinión y ha sido favorable. Ha sido así en el caso del Banco Central Europeo, que la ha aprobado. También de la autoridad española de competencia (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC-) que le ha dado luz verde con condiciones como, por ejemplo, que los consumidores de las zonas más remotas de España no pierdan acceso a los cajeros automáticos ni las pymes a los préstamos, recuerdan fuentes comunitarias para evidenciar las bases para aprobar la operación.
Bruselas y Moncloa están sumergidas en un diálogo a propósito de la operación. La Comisión Europea ha activado el procedimiento EU Pilot, por el cual solicitó a España más información sobre la fusión entre BBVA y Sabadell. Este proceso es el primer paso con el que cuenta Bruselas cuando considera que puede haber una violación de los Tratados de la UE.
De confirmarse tales sospechas, el siguiente paso sería la apertura de un expediente sancionador, por el que se sanciona a un Estado miembro que no cumple con la normativa comunitaria. En última instancia, si no hubiera un punto de acuerdo entre Bruselas y Madrid, la Comisión Europea podría decidir elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, si confirma la violación de la normativa comunitaria, podría aplicar multas al país en cuestión.
Por el momento, el Ejecutivo comunitario se encuentra en primer paso, en el intercambio de información. Bruselas está evaluando la respuesta que Madrid remitió en octubre del año pasado. "La Comisión está estudiando la compatibilidad de las medidas del Gobierno español con el Derecho de la UE y no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados", han afirmado las mismas fuentes comunitarias en relación al proceso sancionador.
La consolidación bancaria requiere del visto bueno del Banco Central Europeo y de la autoridad nacional de competencia pero, en caso de que ambos organismos aprueben la operación, "no hay base para detener la operación", sostiene el portavoz comunitario de Servicios Financieros, Olof Gill.
"Los Estados miembros sólo pueden imponer restricciones a las libertades fundamentales, incluida la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, si tales restricciones son proporcionadas y se basan en intereses públicos legítimos", ha recordado el portavoz comunitario. Las excepciones deben reflejar "amenazas reales y suficientemente graves" para poner en peligro un interés fundamental de la sociedad. En ningún caso, "tales restricciones no pueden justificarse por motivos puramente económicos", ha agregado.
Una de las prioridades del segundo mandato de Ursula von der Leyen es impulsar la competitividad del bloque. Un empeño para el cual se hace imprescindible crear una Unión de Ahorro e Inversiones (la versión actualizada de la Unión de Mercados de Capitales). Este escenario requiere dejar atrás la fragmentación nacional y caminar hacia la creación de gigantes europeos.
Sucede también en el sector bancario. Las entidades europeas no cuentan con el tamaño suficiente para ser competitivas a nivel internacional. Por ello, la UE promueve la creación de compañías grandes y fuertes que puedan convertirse en intermediarias en los mercados de capital internacionales. Un empeño que se consigue a través de la consolidación del sector bancario, especialmente a nivel transfronterizo.
"Es importante que la consolidación del sector bancario pueda llevarse a cabo sin que se impongan obstáculos indebidos o inadecuados. Esto refleja las libertades fundamentales del Tratado, la de establecimiento y la de libre circulación de capitales", ha recordado el portavoz comunitario de Servicios Financieros.
