El Gobierno ha estado muy presente en numerosas ofertas de adquisición de acciones (opas) formuladas sobre empresas de primera línea españolas. La ofensiva de BBVA sobre Sabadell, la de IFM en Naturgy y más recientemente también Taqua, de los húngaros Magyar Vagon sobre Talgo, el interés del fondo de inversión Brookfield sobre Grifols o la de Antin Infrastructure Partners sobre Opdenergy son algunos ejemplos, con diferentes planteamientos.
En BBVA el Ejecutivo plantea un rechazo total a que compre Sabadell y vetará la fusión, aunque su posición fue modulando con el trascurso del tiempo. El ministro de presidencia, Félix Bolaños, la recibía como "una buena noticia" al tiempo que pedía "prudencia" por no haber procedido el Ejecutivo a analizarla, mientras que la ministra portavoz, Pilar Alegría, trasladaba poco después su "respeto" cuando el consejo del Sabadell la rechazó por entender que infravaloraba al banco catalán y antes de que BBVA decidiese seguir adelante, aún en contra de los gestores del banco.
El grupo vasco plantea la opa hostil casi en vísperas de las elecciones catalanas y pese a que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, le avisó del veto del Gobierno la víspera. Cambia entonces el tono hacia un rechazo frontal donde Cuerpo ha liderado la posición oficial reiterando que vetará la fusión de ambos bancos por la "excesiva concentración" y sus "nocivos" efectos, dejando el aire la consecución de los 850 millones de euros en sinergias previstos por BBVA para cimentar la rentabilidad de la operación. No impedirá que ponga en marcha la opa -requiere el permiso del BCE, de la CNMV y de la CNMC-, aunque frustraría el último objetivo de integrar las entidades.
En Naturgy, Talgo y Grifols se ha aferrado a la posición estratégica de las compañías. De nuevo, Cuerpo explicó que el Gobierno tendrá "algo" que decir si se llega a producir la opa proyectada por la familia Grifols junto con el fondo Brookfield sobre la empresa de hemoderivados.
La transacción pasará por la Junta de Inversiones Exteriores para analizar la operación y "las condiciones necesarias, si es que se da el caso, para que pueda darse y sea beneficiosa para la empresa y para este sector, que es clave en España ahora mismo, pero también a nivel mundial", indicó. Es un trámite por el que ya han pasado otras operaciones en sectores como transportes o telecomunicaciones.
En Talgo, la historia de la opa de Magyar Vagon arranca en noviembre cuando se desvela el interés del consorcio húngaro por lanzar la opa, sin que se transparenten nombres ni documentación. Cobijándose en las especulaciones de que estaba detrás el Viktor Orbán, primer Ministro de Hungría -como después se ha confirmado-, y existían unos supuestos vínculos con Rusia -que no son tal-, el Gobierno se precipitó diciendo que anularía la opa. Se filtra una reacción del ministro de Transportes, Oscar Puente, asegurando que la pararía. Hoy el Gobierno está auspiciando una contraopa para frenar la operación, de una compañía que también etiquetó de estratégica.
Una calificación que utilizó igualmente cuando el fondo australiano IFM Global Infrastructure entró por la puerta de atrás en Naturgy y al que acabófijando ocho condiciones para franquear la transacción entre las que figura apoyar la inversión en renovables, que aplique una política de dividendos prudente y mantenga el grueso de los empleos en España.
Algo que está dispuesto a aplicar a Taqa.
Una operación más singular es la opa de Antin Infrastructure Partners sobre Opdenergy. La operación, que tardó más de medio año en lograr los permisos, llegó al tiempo que un "compromiso voluntario" de no llevar a España a arbitraje presentado por el fondo galo a la Junta de inversión extranjera, dependiente del Ministerio de Economía. El fondo francés se desvinculó por completo del laudo de 101 millones contra España, con su venta a Centerbridge.