La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) ultiman el recurso contra el impuesto a la banca con el que el Gobierno quiere recaudar 3.000 millones de euros en dos años y que podrían presentar esta misma semana. Las patronales bancarias se apoyarán en Garrigues para impugnar ante la Audiencia Nacional la orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda con los modelos de declaración del pago, como vía más rápida para elevar también el conflicto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Se trata de una de las vías más rápidas porque se accede directamente a la vía contencioso administrativa del tribunal y, en la práctica, supone reducir en 18 meses la vía de la impugnación de la liquidación, según fuentes familiarizadas con el proceso.
Su actuación es independiente de los recursos que preparen las entidades financieras a su vez para recurrir un pago que deberán encarar en 2023 y en 2024. El primero lo provisionarán durante el primer trimestre del año.
Al margen del sector (patronales y entidades), un abogado ha decidido llevar el caso en paralelo y de forma autónoma a la Comisión Europea, con una denuncia que busca que el Ejecutivo comunitario decida si cabe expediente disciplinario a España por el diseño de la tasa.
Las patronales alegarán en la impugnación, entre otros argumentos, que es una tasa discriminatoria para la banca, ya que no se aplica en otras jurisdicciones e, incluso, penaliza a unas entidades sobre todas.
La tasa grava al 4,8% de los intereses y comisiones por la actividad bancaria en España de todas las entidades con ingresos superiores a los 800 millones de euros en 2019, quedando, por tanto fuera las entidades menores, nacionales y extranjeras.
Su escrito se apoyará de manera especial sobre el dictamen que el BCE publicó a finales del pasado año, donde cuestionaba el propio gravamen y avisaba de que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, indicó Europa Press.
El BCE avisó además de que la prohibición de repercutir la tasa a los clientes va en contra de la normativa bancaria diseñada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que obliga a trasladar todos los costes. Las patronales analizan si solicitan medidas cautelares para que se congele su cobro hasta que haya un pronunciamiento judicial, aunque para que se conceda tendría que existir un daño irreparable.
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