La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a reclamar al Gobierno "los medios necesarios" que le permitan vigilar que la banca no traslada a los clientes el "impuestazo", aunque ya mantiene contactos con el Banco de España para ver cómo abordar la tarea.
El Ejecutivo fijó por ley que la banca no podrá repercutir la tasa que soportarán todas las entidades por su operativa bancaria en España que ingresaron más de 800 millones en 2019, y estableció que debía controlarlo Competencia, apoyándose en el organismo supervisor.
Sin embargo, la CNMC carece tanto de potestad como de herramientas par una tarea así.
La comprobación de la "no traslación" del gravamen no se enmarca en los ámbitos de supervisión que la CNMC tiene encomendados como autoridad reguladora independiente, entiende el organismo liderado por Caní Fernandez. De hecho, el nuevo mandato no cuenta con un desarrollo reglamentario que lo haya adaptado a su normativa interna y que espera que tenga lugar.
Por eso, la Comisión va a solicitar los medios necesarios que le permitan llevar a cabo las nuevas tareas asignadas. Ese desarrollo reglamentario deberá despejar además el régimen sancionador, ya que la normativa bancaria aplica unos parámetros y la regulación de competencia tiene los suyos, pero para conflictos de mercado.
Para la supervisión del cumplimiento de la obligación de no repercusión, el organismo de competencia necesitará solicitar la información correspondiente al Banco de España y, eventualmente, a las propias entidades sujetas al pago.
Ambos organismo se encuentra, de hecho, colaborando ya y manteniendo contactos para analizar la metodología y la información relevante que permita cumplir con el mandato legal asignado.
Con esa información, la CNMC podrá elaborar los informes necesarios y, en su caso, incoar los procedimientos sancionadores correspondientes, cuando se ajusten a las funciones, tipos y procedimientos previstos actualmente en la normativa que regula las funciones de la CNMC; específicamente en la Ley de Defensa de la Competencia.
Recaudar 3.000 millones en dos años
El tributo a la banca prevé gravar con un tipo del 4,8% los ingresos de la banca (margen de interés más comisiones) para recaudar 3.000 millones de euros en dos años que se utilizarán para financiar medidas de apoyo para las familias más vulnerables en un contexto de elevada inflación y subida de los precios de la energía.
La ley impide a las entidades que lo repercutan, en colisión directa con la normativa bancaria, ya que la regulación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) exige precisamente que se trasladen a precios todos los costes asociados con la operativa, incluído los fiscales. El mismo Banco Central Europeo (BCE) solicitó que se repercuta el tributo como fija la norma y avisó que su misma creación puede falsear la competencia al excluir en la aplicación a las entidades de menor dimensión, incluídas la mayoría de bancos extranjeros.
La situación pone en un aprieto al organismo de competencia por esas razones, y sobre todo al Banco de España, comprometido también con la aplicación de la normativa financiera por parte de las entidades.
Se trata de una tarea además de muy difícil ejecución al no haber precios estandarizados y por la elevada dispersión de servicios y productos que ofrecen las entidades, con tarificaciones y precios, en muchos casos, a medida de los clientes, algo de lo que ha advertido el mismo BCE.
El caso es distinto a cuando el Gobierno encomendó a Competencia que vigilara que las estaciones de servicio bonificaban a los clientes los 20 céntimos por litro de gasolina. La CNMC sí recibe a diario los datos de los precios de las gasolineras. Sin embargo, no los de los bancos y ni si quiera de forma tan desglosada (qué parte del interés corresponde al precio del préstamo por subida de tipos, por riesgo del cliente o por otra circunstancia) como para poder afinar si se traslada o no la tasa.
