La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) carece tanto de potestad como de herramientas para controlar que la banca no traslade el coste del nuevo gravamen al cliente, tal y como quiere el Gobierno, según informan fuentes financieras a este diario. El tributo al sector bancario que tramita el Congreso de los Diputados pone en un brete a la autoridad de la competencia por varias cuestiones. De un lado, se le va a imponer esta función por ley y por tanto se queda prácticamente sin herramientas para rebatirlo, y de otro porque su cometido es vigilar que se da el correcto funcionamiento de la competencia tanto en interés de los consumidores como de las empresas, cuando el Banco Central Europeo (BCE) ya ha advertido en su informe sobre el gravamen que es anticompetitivo.
A pesar de los avisos del organismo que preside Christine Lagarde, que además ha pedido que el sector financiero traslade al cliente el coste del tributo de conformidad con las buenas prácticas internacionales, según marca la directiva de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el Gobierno deja a los pies de los caballos a la CNMC al asegurar que no permitirá a los bancos que repercutan este coste al cliente y poniendo así al organismo de escudo.
En la CNMC, según las fuentes financieras consultadas, hay mucha inquietud e incomodidad respecto a la función que le pretende otorgar la actual propuesta de ley, especialmente cuando el BCE ya ha dicho que el tributo a la banca "podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria" ya que no grava a todas las entidades, solo a aquellas que ingresan más de 800 millones y además, que son españolas, dejando fuera a bancos extranjeros que operan en nuestro país.
Una misión compleja
El BCE ya ha advertido que va a ser prácticamente imposible corroborar que la banca no traslada este coste al usuario. "Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no", apunta el supervisor.
Primero la CNMC no tiene herramientas para hacerlo porque no recibe estos datos por parte de las entidades, que ni si quiera proporcionan al Banco de España de manera tan desglosada.
El caso es distinto a cuando el Gobierno encomendó a Competencia que vigilara que las estaciones de servicio bonificaban a los clientes los 20 céntimos por litro de gasolina. La CNMC sí recibe a diario los datos de los precios de las gasolineras. Sin embargo, no los de los bancos y ni si quiera de forma tan desglosada (qué parte del interés corresponde al precio del préstamo por subida de tipos, por riesgo del cliente o por otra circunstancia) como para poder afinar si se traslada o no la tasa.
Las fuentes consultadas ponen en tela de juicio que el Ejecutivo haya optado por poner a controlar el gravamen a la CNMC cuando en nuestro país ya hay dos autoridades que son financieras y, por tanto, que están mejor posicionadas para cumplir con esta función, como son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De momento, poco puede hacer la CNMC al respecto porque no hay un texto definitivo sobre el que basarse y que defina qué herramientas va a tener para vigilar que la banca no traslade el precio del nuevo tributo a los clientes.
Ante las dudas que suscita qué papel puede jugar Competencia ante el nuevo gravamen, el BCE ha pedido al Congreso de los Diputados que aclare "qué mecanismos de verificación aplicará la CNMC para garantizar el cumplimiento de este requisito, sin perjuicio de las competencias del Banco de España y de su deber de colaboración a este respecto". Además, precisamente, sobre el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos también señala que se desconoce cuál será dicha función de colaboración y debería "aclararse más" sin que eso suponga encomendar una tarea nueva al Banco de España.
Daño a la economía
El informe que el BCE remitió el pasado jueves al Congreso, firmado por Christine Lagarde, criticó de manera frontal la tasa a la banca ante el daño que puede provocar tanto a las entidades afectadas como a la estabilidad financiera. El organismo advirtió que gravar los ingresos de determinadas entidades puede afectar a la buena transmisión de la política monetaria y su efectividad. Asimismo, señaló que también tendrá un impacto negativo en la concesión de crédito, lo que afectaría al negocio (ya que se contraería) y a su rentabilidad, perjudicando de forma directa a la economía del país (habrá menos disposición de liquidez para familias y empresas), especialmente cuando el supervisor ya anuncia una recesión a la vuelta de la esquina por los efectos de la subida de los tipos de interés. Además, recuerda que puede perjudicar la generación interna de capital de las entidades, reduciendo su capacidad de absorber los riesgos en un contexto de incertidumbre económica.
A pesar de los futuros daños a la economía que ve la institución que preside Lagarde, el Ejecutivo sigue adelante con los planes de imponer un gravamen al sector financiero, se niega a que se traslade el coste al cliente bajo el argumento de que "acabarán pagando los mismos" y dice que estudiará de forma detallada el informe del BCE para "mejorar el gravamen".
