El sector asegurador tendrá que zambullirse en el mundo de la sostenibilidad por completo a partir de mañana, día 2 de agosto, sin que haya todavía una definición cerrada y definitiva sobre cuándo es sostenible una actividad. Aseguradoras y reaseguradoras deberán integrar el cambio climático en la estrategia comercial, su gestión de riesgos y actuarial, en el diseño de productos y la suscripción por parte de clientes e, incluso, en la gobernanza de las compañías y en la fijación de políticas de remuneraciones de las plantillas.
La exigencia llega de la mano de dos reglamentos comunitarios aprobados en 2021, de directa aplicación en los países europeos, que buscan ir empujando su adopción de manera progresiva en una industria especialmente clave frente al desafío climático ya que lo sufre directamente en el negocio vía catástrofes naturales y podría favorecer las mejores prácticas apostando con sus milmillonarias inversiones a proyectos sostenibles.
"Evidentemente las empresas tendrán que adaptarse lo mejor que sepan. En materia de divulgación, por ejemplo, aún están pendientes de publicación los RTS, las normas técnicas de regulación en este ámbito que son comunes para banca, seguros y valores. Es complejo para las entidades porque deben tener en cuenta algo que no está aprobado y que es susceptible, mientras no esté publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de acabar siendo de otra forma. No obstante, las autoridades europeas entienden que se deben tener en cuenta como referencia a falta de otra cosa", explica Francisco Carrasco, socio responsable de Seguros y Pensiones en KPMG Abogados.
Concienciación
"La primera línea de trabajo fue intentar hacer una taxonomía precisa, pero, por distintas cuestiones, entre ellas la dificultad que entraña cuando se desgrana el detalle, esto ha ido demorándose en el tiempo y, al final, hay que tomar una decisión y se prima actuar, que también tiene grandes ventajas. Quizás la primera es algo más intangible, va en la línea de la concienciación", agrega el experto, convencido de que es bueno ir dando pasos para avanzar ante el retraso de definiciones y guías.
En la exposición de motivos de la norma, el regulador europeo subraya la importancia de ir "compatibilizando los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero" para lograr el objetivo de emisiones cero en 2050.
La normativa exige, por ejemplo, a los responsables de gestión de riesgos que, además de preocuparse de los riesgos propios del seguro y financieros, consideren los de sostenibilidad e incorporarlos en la función actuarial, que determina la fijación de precios a productos. A título ilustrativo, las aseguradoras europeas deberían considerarlo al comercializar seguros de inmuebles en zonas con crecientes riesgos de inundaciones, aunque en España estos siniestros los cubre el Consorcio de Compensación de Seguros.
La política de remuneraciones incluirá información sobre cómo tiene en cuenta la integración de los riesgos de sostenibilidad en el sistema de gestión de riesgos; deberán valorar si las inversiones están alineadas o no con esos principios y considerar las preferencias de sostenibilidad de los clientes en el diseño de productos. En este caso tendrán, como la banca, que incorporar cuestiones específicas en los test de idoneidad y preguntar al usuario si quiere que sus productos incorporen o no criterios sostenibles.
Reportes a final de año
Se espera que los criterios y exigencias se vayan afinando, tras esta primera aproximación, con la futura aprobación de las taxonomías pendientes y por vía también de los reportes al supervisor, que arrancarían ya a finales de este año y el próximo año.
El supervisor europeo Eiopa ha ido adelantando trabajos en diálogo con los supervisores nacionales e iniciativas como los test de estrés a los fondos de pensiones o con el análisis de impactos potenciales en el capital para empujar el esfuerzo y promover la concienciación, pero no se espera un efecto inmediato en requerimientos de solvencia.
"En mi opinión, a día de hoy, tal y como está configurado el SCR (capital de solvencia obligatorio), no tiene mucho sentido incorporarlo porque mira escenarios temporales de riesgo de un año y, en un horizonte temporal como ese, difícilmente se identifican los riesgos de sostenibilidad. Para un riesgo climático hablamos de escenarios muchísimos más largos. Es cierto que la Comisión Europea, para intentar incentivar esto, habló en su momento de un factor de penalización en capital por ser marrón, pero es una filosofía diferente de la que inspira la regulación las exigencias de capital, por lo que a día de hoy estaría descartada", expone el socio responsable de Seguros y Pensiones en KPMG Abogados.
Los riesgos climáticos se manifiestan, de hecho, al cabo de décadas. Sin embargo, apunta que las compañías pueden introducirlo y afinarlo porque los contratos se renuevan anualmente en la mayoría de los casos y la tarificación, al estar basada en estadísticas, irá arrojando nuevos precios si se producen aumentos de los siniestros.
Pérdidas milmillonarias
Al margen de normas, el sector está especialmente sensibilizado porque le va en la actividad. El clima extremo originado por el cambio climático y las construcciones en áreas propensas a los desastres naturales causó en 2021 pérdidas por valor de 105.000 millones de dólares (103.000 millones de euros al cambio actual) a las aseguradoras conforme a un estudio de Swiss Re Institute, las cuartas más altas desde 1970.
El huracán Ida, el más intenso y dañino registrado en la costa Este de Estados Unidos después del Katrina en 2005, causó el mayor quebranto, con daños asegurados por valor de entre 30.000 y 32.000 millones dólares; y el evento más costoso en Europa fueron las inundaciones de julio en Alemania, Bélgica y países vecinos, con 13.000 millones en daños asegurados.
La involucración del sector en la prevención es máxima y de ahí que las grandes compañías ya tengan fechas casi inmediatas para dejar de asegurar actividades contaminantes. Un estudio de BlackRock revelaba que el 95% de las compañías reaseguradoras, que mueven 27 billones de dólares en activos, observará el riesgo climático a la hora de construir sus carteras de inversión entre 2022 y 2023.
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