Las aseguradoras españolas han recurrido al Tesoro para que reclame en la esfera europea la calificación como 'sostenible' de la deuda pública, un tipo de activo en el que tienen invertido más del 57% de su cartera.
Es un paso más en la pelea. La industria europea ya había expresado a través de la federación Insurance Europe su inquietud y valorado que la exposición soberana vaya a incluirse en la taxonomía en 2025, al ser activos "extremadamente relevantes" para las compañías, aprovechando precisamente la fase de consultas de la regulación.
La taxonomía es una parte del desarrollo reglamentario con el que la Comisión Europea quiere vincular al sector financiero con los objetivos de descarbonización y fomentar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Supone una suerte de diccionario que permite 'calificar' y clasificar las actividades y exposiciones que la Unión Europea considera sostenibles con el objetivo último de incentivar que el capital privado las favorezca.
Su desarrollo va por fases y en una primera instancia no se han incluido criterios técnicos aplicables a los bonos soberanos, con independencia de que los tesoros y administraciones públicas puedan lanzar o colocar títulos 'verdes', explican fuentes de la industria.
Sin embargo, el sector apremia abordar la situación porque, además de afectar a los títulos que ya tienen en cartera, influirá en futuras decisiones de inversión. En este momento eso puede suponer una decisión relevante en la medida que la inminente subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) está favoreciendo un aumento de las rentabilidades en la deuda soberana.
Las aseguradoras son un inversor institucional clave para las economías y, sobre todo, para los Estados dado que su regulación penaliza incursiones con mayor riesgo e incentiva, sin coste en capital, tomar posiciones en soberano. Se espera que el marco de regulación de capital Solvencia II incentive además la posición en activos elegidos bajo criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) para inversión directa y diseño de los productos de ahorro que ofrezcan.
Según un estudio de Icea y Amundi, el 89,3% de las aseguradoras considera criterios ESG a la hora de configurar sus carteras de inversión y dos de cada diez entidades han decidido acelerar su incorporación a raíz de la pandemia. En el caso del seguro un giro de su política puede comprometer mucha inversión ya que el sector europeo cuenta con 10,4 billones de euros en activos gestionados y 332.900 millones es inversión de la industria española.
La desaparición o casi desaparición de las retribuciones en la renta fija por la política de tipos cero alentó incursiones en activos alternativos, pero con cotas aún limitadas.
La industria española continúa siendo además de las más conservadoras. El 57,6% de su portfolio estaba en deuda pública al cierre de 2021 conforme a las estadísticas de la autoridad europea de seguros Eiopa, por debajo del 29,7% medio de la eurozona. Otro 21,6% se encontraba en deuda corporativa (23,1% en la eurozona) y apenas un 12,5% en renta variable (35,7%). Sin embargo, en inmueble su participación inversora alcanza el 3,9% de la cartera total frente al 1,9% europeo.
