Ni los despachos de abogados ni las asociaciones de consumidores conocen aún cómo va a afectar el fallo del Tribunal Supremo de ayer a los clientes con hipotecas IRPH. El Alto Tribunal dejó dos frentes abiertos dispares al decir que el índice no es abusivo pero confirmar que sí existió falta de transparencia en la comercialización de estos préstamos porque no se informó a los usuarios de la evolución de la tasa en los últimos dos años. | Editorial: Golpe amortiguado para la banca.
Así, se desconoce aún si por dicha falta de transparencia los clientes van a poder obtener indemnización o no, puesto que el Supremo dejó en el aire si el contrato se puede declarar abusivo, y por tanto nulo, ante tal opacidad.
Javier Moyano, el consejero delegado de Reclama Por Mí, plataforma especializada en la defensa del consumidor, asevera que una de las principales incógnitas que deja la sentencia es si los afectados van a poder reclamar o no. "El Supremo reconoce que en los cuatro recursos analizados existió falta de transparencia, sin embargo, indica que no existe abusividad siguiendo la jurisprudencia anterior del TJUE. Las preguntas que se plantean son varias: ¿la falta de transparencia implica abusividad? ¿A qué se refiere el tribunal cuando dice que no existe abusividad siguiendo la doctrina del TJUE, a la abusividad del índice en sí mismo o a que la falta de transparencia no implica abusividad?", cuestiona.
Asimismo, señala que la gran duda surge en conocer si la falta de transparencia es suficiente para declarar los contratos nulos y, por tanto, dar lugar a indemnizaciones por parte de la banca.
Camino de vuelta a Europa
Por su parte, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) plantea una quinta incógnita sobre qué va a pasar con las miles de demandas que estaban durmiendo en los tribunales a la espera de que el Supremo se pronunciara y fijara un camino claro que acabara con la disparidad de los fallos que se venía dando sobre el IRPH.
Ante la falta de una doctrina contundente, la asociación considera que el asunto tiene visos de volver al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a pesar de que solo han pasado siete meses desde que se pronunciara al respecto. "Seguimos teniendo pendiente de resolución ante el TJUE la cuestión prejudicial del juzgado de primera instancia de Reus y sabemos de la intención del juzgado de primera instancia 38 de Barcelona de seguir interrogando a Luxemburgo", señala la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
Los afectados esperan dar respuestas a todas estas cuestiones una vez el Supremo publique la sentencia íntegra dictada ayer y se sepa qué efectos tiene sobre los clientes de los recursos analizados.
