Uno de cada cinco hogares españoles (un 20,4% del total, según los datos del Instituto Nacional de Estadística) viven en régimen de alquiler. El elevado precio de la vivienda en este régimen es un problema de Estado que comienza a movilizar a los ciudadanos y ante el cual las medidas estatales aún parecen insuficientes para aliviar la pesada carga económica de los inquilinos.