El caso de las tarjetas revolving está empezando a afectar de manera significativa al sector financiero. En los tribunales se están empezando a acumular demandas de los clientes, que consideran que las entidades aplican tipos de interés que se pueden calificar de abusivos o de usura, al sobrepasar el 24% incluyendo comisiones. Uno de los bancos que más se está viendo salpicado por esta litigiosidad es Wizink, propiedad del fondo Värde Partners, que ya ha sido condenado en primera instancia en 300 procedimientos.

El enfrentamiento entre los bancos y los supervisores (Banco Central Europeo y Banco de España) se ha amplificado y visualizado como nunca esta semana. Unos y otros comparten puntos de vista completamente diferentes sobre la situación por la que atraviesa el sistema financiero español, que está sufriendo como pocos las consecuencia de la crisis y alargada, pero no suficiente, recuperación de la economía.

La situación de tipos en negativo que pretende alargar el BCE como mínimo en los próximos veinte meses está provocando reacciones encontradas entre los economistas, los expertos y el sector bancario. No todo el mundo ya comparte la idea de que esta estrategia sea la adecuada para reactivar la economía y eleve la inflación, que es el propósito último del organismo comunitario. Tiene sus efectos positivos, pero también muy contraproducentes que afectan también al bolsillo de los ciudadanos. Estas son las consecuencias más significativas de la decisión de la institución que gobierna Mario Draghi.

La banca comienza a armar la nueva guerra hipotecaria, tras la entrada en vigor de la reforma legal el pasado lunes. Las entidades están diseñando nuevos productos bajo el esquema que permite la normativa, con una mayor flexibilidad para que el cliente no quede atado de pies y manos, como ocurría hasta ahora, con préstamos a la carta y sin vinculaciones.