Madrid / Santander
El Banco de España estrecha el control sobre los establecimientos de crédito al consumo. El organismo regulador va a vigilar con más exhaustividad y periodicidad a estas firmas a través de la petición de datos que tendrán que remitir con carácter reservado para evaluar su situación. Este escrutinio se produce en plena escalada de la morosidad en algunos segmentos de préstamos para la adquisición de bienes duraderos y después de los insistentes mensajes de la institución para que el sector reduzca los volúmenes de concesión, precisamente, por el alza de los impagos.
Según una circular que ha sacado a consulta pública el ente que gobierna Pablo Hernández de Cos y que entrará en vigor a partir de 2020, los establecimientos financieros tendrán que enviar de manera trimestral los datos sobre su balance individual, sus resultados, sus correcciones y provisiones por pérdidas crediticias, sus exposiciones de insolvencias, el saldo de financiación reestructurada, entre otros datos. Además, con carácter mensual tendrán que detallar en la información los préstamos formalizados y los valores representativos de deuda. Asimismo, de manera anual tendrán que publicar el informe anual de auditoría y de gestión.
Pérdidas esperadas
La regulación, que es un avance en la homologación de la contabilidad financiera europea, establece que una vez entre en vigor los establecimiento de crédito al consumo se verán obligados a aplicar el criterio de pérdidas esperadas como la banca en general, en vez del de pérdida incurrida como hasta ahora, lo que, a priori, es más costoso y más exigente.
Para una mejor adaptación, el Banco de España aprobará una disposición transitoria por la que el sector podrá empezar a regirse por los nuevos criterio «de forma retroactiva, como si los nuevos criterios se hubieran aplicado siempre, u optar por un régimen con diversas simplificaciones, en el que los ajustes se efectúan contra reservas en la fecha de primera aplicación». Una parte importante de los establecimientos ya cumplen con estos requisitos ya que forman parte de otros grupos consolidados al ser filiales de bancos, pero de manera individual tendrán que someterse a la remisión de información datos antes descrita para un mayor control.
Desde hace meses el organismo regulador viene alertando de las consecuencias que está teniendo el boom vivido en los últimos años en el segmento de los préstamos al consumo, debido a la recuperación de la economía y a la apuesta de las entidades por conceder este tipo de financiación a las familias por la rentabilidad que ofrecen. Hernández de Cos, de hecho, alertaba de las consecuencias la semana pasada por última vez. "Las entidades deben reforzar sus criterios de concesión de créditos para lograr que el significativo incremento de la morosidad que se está observando, se modere", indicó el gobernador en una jornadas, en que recordó que los niveles de morosidad han bajado considerablemente desde la crisis, aunque aún de manera insuficiente.
Los establecimientos financieros supervisados -que no son todos los existentes al no contar España con la reserva de actividad- acumulan unos impagos de 2.777 millones. Desde el año 2016 evoluciona al alza, aunque de manera global aún no supone un elevado problema para su situación.
El servicio de estudios de Funcas coincidió el lunes con las palabras del gobernador y fue más allá en sus advertencias. Su director de Coyuntura y Economía Internacional, Raymond Torres, apuntó hacia la potencial vulnerabilidad de la economía española por esta causa, dado que la tasa de ahorro de los hogares se encuentra en un "mínimo histórico", con valores que rondan el 5% e incluso el 0% en aquellos hogares de rentas bajas.
De ahí que, para mantener el crecimiento del consumo interno, las familias estén recurriendo al crédito al consumo y al crédito hipotecario algo que, según Torres, "abrirá un frente de vulnerabilidad" si aumentan los tipos de interés y los hogares no pueden hacer frente a los créditos, tras lo que "puede haber otra crisis". Y es que la bajada de tipos que en su momento aprobara el presidente del BCE, Mario Draghi, no ha hecho sino beneficiar a las familias españolas, además de al sector privado. Hasta hoy, se han ahorrado 17.000 millones de euros en pagos por intereses, una cifra que alcanza los 27.000 millones en el caso de las empresas.
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