Editorial
El conflicto que rodea a las autopistas quebradas lleva meses en punto muerto, debido a la ruptura de la negociación entre las empresas concesionarias y el Gobierno en funciones. Mientras, estas infraestructuras van declarándose en concurso y cada vez es más cierta la amenaza de que se active la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) con un impacto total que puede llegar a los 5.000 millones para las arcas del Estado.