El conflicto que rodea a las autopistas quebradas lleva meses en punto muerto, debido a la ruptura de la negociación entre las empresas concesionarias y el Gobierno en funciones. Mientras, estas infraestructuras van declarándose en concurso y cada vez es más cierta la amenaza de que se active la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) con un impacto total que puede llegar a los 5.000 millones para las arcas del Estado.
En este contexto, si hay alguien que ha combatido el derrotismo ha sido Abertis. Su presidente, Salvador Alemany, abogó reiteradamente en público por buscar soluciones que eviten la quiebra. Pero Abertis no se ha quedado en las palabras, sino que ha diseñado un plan que concierne a tres de las radiales de Madrid en las que participa (la 2, la 3 y la 5), ahora abocadas a liquidación en octubre.
El proyecto consiste en acordar con la banca acreedora un plan de quitas que se ofrecería a Fomento a cambio de que el Ministerio extienda la concesión. La estrategia tiene pleno sentido, en primer lugar, para las concesionarias, ya que seguirían gestionando las autopistas, con menos costes financieros, en un momento en que se espera una recuperación de su tráfico. En lo que respecta a los bancos, prácticamente los mismos en el caso de las tres autopistas, evitarían una liquidación que les reportará muy pocos réditos.
Así, la RPA relacionada con la R-2 no llega a 41 millones, frente a una deuda de 450 millones. La única pieza que falta es un Gobierno con plenos poderes. Urge, por tanto, que la interinidad llegue a su fin para no malograr la oportunidad de aplicar un balón de oxígeno a un problema para el que no se atisbaba ninguna solución, más allá de hacer al contribuyente correr con los gastos de las quiebras.
