Presidente del Consejo General de Economistas de España

Según el último informe de la OCDE sobre fiscalidad salarial (Taxing Wages) publicado el pasado 25 de abril, en 2023 las cotizaciones sociales con cargo a la empresa crecieron en España tres décimas con respecto al año anterior, lo que viene a suponer uno de los mayores incrementos de los 38 países analizados en dicho informe. Así, mientras que en la OCDE las contribuciones sociales de los empleadores rondan de media el 13% del sueldo bruto del trabajador, en España estas se sitúan en el 23,3%, lo que nos posiciona en el sexto lugar de entre los países de esta organización en que sus compañías más pagan por este concepto, y en el cuarto dentro de la eurozona.

A finales del año pasado, y bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se logró el compromiso de los 27 Estados miembros para cerrar el acuerdo en relación con las nuevas reglas fiscales. A través de su dibujo final se han restaurado, aunque con un cierto margen temporal que permite tener en cuenta la realidad actual, los límites tradicionales de deuda y déficit, 60% y 3% del PIB, respectivamente. Es conocido que España se encuentra entre los países más distanciados dentro de la zona euro en cuanto al valor final de ambas variables, ya que, actualmente, contamos con una deuda pública que cierra 2023 en 1,57 billones de euros, el 107,7% del PIB, y las proyecciones de la AIReF sitúan el déficit por encima del 3% en los próximos años. A esto, habría que sumar otros factores, como son el envejecimiento de la población o la persistencia de los conflictos internacionales, que podrían incidir en nuestra economía y, por tanto, presionar al alza ambos porcentajes.

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