Opinión

Las políticas públicas y su evaluación

  • Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto nacional es una buena opción para reducir el déficit
  • La AIReF se encarga de revisar los presupuestos del Gobierno de forma independiente

A finales del año pasado, y bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se logró el compromiso de los 27 Estados miembros para cerrar el acuerdo en relación con las nuevas reglas fiscales. A través de su dibujo final se han restaurado, aunque con un cierto margen temporal que permite tener en cuenta la realidad actual, los límites tradicionales de deuda y déficit, 60% y 3% del PIB, respectivamente. Es conocido que España se encuentra entre los países más distanciados dentro de la zona euro en cuanto al valor final de ambas variables, ya que, actualmente, contamos con una deuda pública que cierra 2023 en 1,57 billones de euros, el 107,7% del PIB, y las proyecciones de la AIReF sitúan el déficit por encima del 3% en los próximos años. A esto, habría que sumar otros factores, como son el envejecimiento de la población o la persistencia de los conflictos internacionales, que podrían incidir en nuestra economía y, por tanto, presionar al alza ambos porcentajes.

En este escenario, parecería prudente que por parte del Gobierno, y, preferiblemente, con el concurso del mayor número posible de interlocutores, se llevara a cabo un plan riguroso, medible y evaluable de restructuración del déficit público; y ya no solo por el cumplimiento de estas normativas europeas, sino también para tener capacidad de reacción ante el fuerte impacto que supondría sobre la sostenibilidad de nuestras cuentas una nueva crisis económica de dimensiones similares a la de 2008 o la pandemia.

Cuando se piensa en reducir el déficit de nuestras cuentas, se suele disponer básicamente dos herramientas: o aumentar los ingresos, a costa de una mayor recaudación de impuestos, o reducir los gastos, con el consiguiente impacto que ambos pueden tener o sobre la presión fiscal de familias y empresas o sobre algunas partidas del denominado Estado del Bienestar y/o el crecimiento, respectivamente. No obstante, no podemos dejar de citar que existe una tercera vía que, con un adecuado desarrollo y ejecución, no debería en principio tener contrapartidas negativas: la mejora de la eficiencia y la eficacia del gasto público, un gasto público que, para que nos hagamos una idea de su magnitud, alcanzó en 2022 la cifra de 637.831 millones de euros, lo que ya supone el 47,4% del PIB.

En este contexto y ante la complejidad del entramado político y económico actual, evaluar las políticas públicas se presenta como una tarea crucial para lograr este objetivo. Y, llegados a este punto, ¿cuál es el principal instrumento del que ya disponemos para llevar a cabo esta tarea? la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entidad autónoma que desempeña un papel fundamental, ya que, entre sus funciones, se encuentra la de emitir estudios y análisis rigurosos, independientes y transparentes destinados a la evaluación del gasto público. Su enfoque, basado en datos objetivos, además de proporcionar a los agentes económicos y sociales una información clara de la gestión económica de las administraciones públicas, permite identificar fortalezas y debilidades, así como áreas de mejora en la implementación de las inversiones.

La importancia de estos estudios es también valorada por la Unión Europea, la cual ha incluido en su nuevo paquete de reglas fiscales la obligación de que las autoridades fiscales independientes de cada país –la AIReF, en el caso de España– presenten un documento de opinión sobre el plan fiscal nacional, a fin de corroborar la rendición de cuentas de los Gobiernos. A esto se añade el nuevo ciclo de revisión del gasto público, 2022-2026, ya aprobado por el Consejo de Ministros de nuestro país, que da continuidad al primer ejercicio llevado a cabo entre 2018 y 2021.

Para la realización de estos informes, la AIReF cuenta con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano encargado de que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecue a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Y, además, le compete proporcionar información contable fiable, completa e independiente sobre la gestión pública.

Nuestro país dispone por tanto de una entidad evaluadora de primer nivel –la AIReF–, que además cuenta con el apoyo de un organismo de la máxima fiabilidad –la IGAE–, pero para que la sociedad pueda valorar de forma efectiva las políticas públicas, resulta también fundamental que los entes que las aplican no solo rindan cuentas, sino que también sean transparentes en su gestión. Y es precisamente en este aspecto donde todavía nos falta recorrido, como han puesto de manifiesto varios estudios e informes, entre ellos uno reciente elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España con la colaboración de su Registro de Economistas Auditores (REA-CGE), en el que se expresa que, pese que se han producido avances, los niveles de transparencia económico-financiera de las entidades locales españolas y de sus entidades dependientes todavía continúan siendo bajos, como prueba el hecho de que únicamente el 32% de los grandes ayuntamientos publique información en materia de auditoría o que el Índice de Transparencia Económico-Financiera de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes solo alcance de media un 20%.

Entiendo que este último aspecto sería fácilmente mejorable si se apostara por una mayor colaboración público-privada, tanto en el ámbito de la información corporativa pública como en el de la gestión de los recursos públicos, colaboración esta que tiene su justificación en la insuficiencia de recursos de la IGAE, pudiendo ser los auditores privados un gran apoyo para la labor realizada por este organismo.

A la vista de lo expuesto, parece no haber duda de que nuestro país dispone de suficientes instituciones y herramientas para evaluar las políticas públicas e impulsar la transparencia de las administraciones, algo fundamental para la democracia. Pero dichas evaluaciones no deberían caer en saco roto y tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones, al igual que sería conveniente para formular sus políticas económicas que nuestros gobernantes pusieran más interés en ellas. Pero eso ya es harina de otro costal.

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