El Gobierno potenciará aún más el autoconsumo, otorgando ventajas a las denominadas comunidades energéticas locales, un nuevo tipo de figura jurídica, derivada de la normativa europea, con capacidad para producir, consumir, almacenar y vender energía, principalmente verde, con sus propias instalaciones, sin que sus miembros pierdan la condición de consumidores finales. Estas comunidades serán lo suficientemente amplias como para que participen desde clubes deportivos hasta asociaciones de padres de alumnos, pasando por ayuntamientos, polígonos industriales, parques tecnológicos o zonas portuarias.
La subasta solo aportará una parte de los ingresos totales de las plantas
El Gobierno está trabajando en un modelo de subastas para adjudicar nuevas plantas renovables que introducirá el riesgo del mercado en los ingresos finales de las instalaciones. Los promotores, tras un proceso de precalificación, pujarán por un precio de la energía -en sobre cerrado, con umbrales mínimos para evitar bajas temerarias-, pero parte de los ingresos finales vendrán directamente del mercado y se modularán en función del valor aportado al sistema, por el grado de gestionabilidad, la localización o la madurez de las tecnologías.
Las empresas eólicas claman contra la lentitud administrativa a la hora de tramitar sus parques, principal razón de que sólo la mitad de los proyectos adjudicados en las subastas de 2017, unos 2.000 MW, se hayan terminado antes de la fecha límite, el pasado 31 de diciembre.
La reducción de emisiones de CO2 hasta 2030 se incrementa del 21% al 23%
El Gobierno ha incrementado sus estimaciones sobre la inversión necesaria para cumplir los objetivos de clima y energía de 2030, elevándola hasta los 241.000 millones de euros en el segundo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que acaba de divulgar, junto a su Estudio Ambiental Estratégico, que somete a información pública. Las emisiones de CO2 se reducirán más, hasta el 23%, frente al 21% previsto anteriormente.
El Gobierno obligará a los 150 municipios con más de 50.000 habitantes del país a establecer una Zona de Bajas Emisiones -al estilo de Madrid Central-, con restricciones al tráfico rodado más contaminante, según ha anunciado Teresa Ribera, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Cada uno de los 47 millones de ciudadanos españoles, de bebés a ancianos, debe 401 euros de su consumo eléctrico entre 2000 y 2013, ejercicios en los que los sucesivos déficit ascendieron, en conjunto, a 40.327 millones. De esa monumental cantidad todavía están pendientes de devolver 16.602 millones, un 11,9% menos que a cierre de 2018; sus intereses nos costarán 397,7 millones este 2020.