La Fiscalía de Valencia y la Abogacía del Estado mantienen la petición de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas y para el empresario Vicente Cotino, por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, en sus conclusiones en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia. Los peritos de la acusación ratificaron, durante las sesiones del juicio, que el pago de Cotino a Olivas de 580.000 euros en concepto de asesoramiento en una operación de venta de acciones no correspondió a un trabajo realmente realizado. La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno de los procesados, mientras que el abogado del Estado solicita dos años y medio para ambos y también para Mercedes Álvarez, esposa de Olivas y su socia en la sociedad a través de la que se habría realizado la intermediación.

El grupo dermocosmético Sesderma ha dado un paso más en su estrategia de internacionalización, con la apertura, este año, de filiales en 9 países, Rusia, Reino Unido, Alemania, Brasil, Taiwán, República Dominicana, Perú, Panamá y Costa Rica, que se suman a las que ya tenía en Italia, Puerto Rico, Colombia, Portugal, India, México y Estados Unidos. Juan Ramón Granell, director general de la firma, destaca que "esta apuesta debe traducirse en la obtención de unos buenos resultados a medio y largo plazo".

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha fallado la "total nulidad del procedimiento" de aprobación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado por Feria Valencia en 2011, que afectó a 106 trabajadores, por considerar que "ha existido fraude de ley". El TSJ explica que "la totalidad del procedimiento ha consistido en la aparente realización" de los trámites legales exigidos, "pero de tal forma que la finalidad de dicho precepto no se haya cumplido, lo que nos lleva a la estimación de todos los recursos", presentados por exempleados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado la "suspensión provisional" del pago de la multa de la Comisión Europea al Valencia C.F. y al Hércules C.F., hasta que haya un pronunciamiento definitivo sobre las medidas de suspensión cautelar solicitadas por ambos clubes, que puede darse antes de fin de año. Las entidades han recurrido la sanción de la Comisión por ayudas públicas consideradas "irregulares" -de 23,3 millones de euros para el Valencia y 6,1 millones para el Hércules-. La resolución del recurso puede alargarse hasta 3 años.

La Generalitat Valenciana ha dado el visto bueno a sendas ampliaciones de capital en las sociedades públicas Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) y Aeropuerto de Castellón S.L. (Aerocas), que estaban contempladas en los presupuestos públicos autonómicos de 2016, según ha explicado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.